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Miércoles, 29 de marzo 2017, 01:08
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La Fiscalía Anticorrupción pide 14 de años de cárcel al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y a su chófer Juan Francisco Trujillo. El escrito de acusación afirma que el primero dio a su conductor 1,4 millones de euros en ayudas públicas de los ERE. Una parte «importante» de este dinero se gastó en cocaína y copas.
Por su parte, la Junta de Andalucía pide 5 años y 6 meses de prisión para Guerrero en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, por prevaricación, malversación y tráfico de influencias, multa de 1,9 millones de euros y 27 años de inhabilitación.
Al chófer, la Junta le pide la misma multa y 5 años y 9 meses de prisión por los mismos delitos que a Guerrero, junto al de falsificación de documento mercantil, que habría cometido al falsificar la firma de su madre en una póliza por valor de 122.648 euros.
La fiscalía por su parte pide también 30 años de inhabilitación por falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos. Acusa a José Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, para el que pide seis años de prisión por firmar una póliza por 122.648 euros a favor de la madre del chófer; y al socio del chófer Isidoro Ruiz, a quien pide seis años y tres meses de prisión para Isidoro Ruiz, por montar una supuesta granja avícola para la que recibió 450.000 euros de dinero público.
El escrito fiscal indica que Guerrero concedió las ayudas sin tener competencia, «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», sin publicidad, concurrencia y competitividad y que las empresas destinatarias se crearon solo para recibir el dinero. El chófer compró inmuebles y fincas rústicas con fines especulativos y dio a su esposa 24.000 euros para adquirir una finca de Llanos del Sotillo (Jaén).
El ex director general, principal acusado en la causa de los ERE, recibió a cambio dinero en efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína.
'Víctimas'
La Fiscalía Anticorrupción reprocha a la jueza María Núñez Bolaños el uso de argumentos «carentes de naturaleza jurídica» en el auto donde archivó la causa respecto a dos sindicalistas, un trabajador y el director del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga). Al recurrir el archivo, la fiscalía lamenta las palabras de la jueza, que llegó a decir que en la causa fueron imputadas personas que, «lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas 'víctimas'» de esta 'macrocausa'. Anticorrupción, según Europa Press, critica que Núñez incluya «unas manifestaciones que por carecer de naturaleza jurídica, no pueden ser objeto de discusión».
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