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Viernes, 24 de marzo 2017, 11:54
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de dos años y medio de cárcel para el exconsejero José María Martín Delgado por los préstamos que Invercaria concedió a la empresa Operador Aéreo Ándalus SA, que causaron un quebranto a las arcas públicas de 1.860.000 euros, según el juez del caso.
La petición de cárcel de la Fiscalía se basa en que el exconsejero de Cultura entre 1994 y 1996, que participó en la constitución de la compañía aérea en 2007, habría cometido un delito de malversación por las ayudas que la empresa recibió en 2008 y 2009, según han informado a Efe fuentes judiciales.
La Fiscalía pide las mismas penas para a los socios de la compañía aérea, los hermanos Fernando y Pedro Guerrero Ros.
Además, Anticorrupción pide seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para el expresidente de la sociedad pública andaluza de capital riesgo (Invercaria) Tomás Pérez Sauquillo y para Isabel de Haro, que pertenecía a su consejo de administración, por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Las peticiones de la Fiscalía se producen una semana después de que el titular del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, procesara a todos ellos.
En esta cuarta pieza de Invercaria cuya investigación ha concluido, el juez dijo que algunas de las operaciones de Invercaria con esta compañía aérea se hicieron "sobre un plan de negocios que posteriormente fue calificado de irreal y sin detalle".
Otras se hicieron cuando "la entidad se encontraba en causa legal de disolución conforme a la legislación mercantil" y tenía un patrimonio neto negativo de 477.409 euros, según el juez.
Una de las operaciones de préstamo participativo "se llevó a efecto con contradicción de los contenidos de los informes internos de julio de 2009" que estaban dirigidos a Pérez Sauquillo y al consejo de administración, asegura el instructor.
En esos informes se revelaba un déficit y fondo de maniobra negativo, a junio de ese año, de cerca de un millón de euros en la empresa aérea, que no se pagaba con regularidad a los trabajadores y que no pagaba los intereses de los préstamos de Caja Granada, entre otras dificultades, indica el juez.
Además, en una junta general de accionistas de la empresa del 2009 "se daba cuenta de dificultades de Tesorería, y ello a pesar de las inyecciones de dinero público con los que la mercantil Operador Aéreo Ándalus S.A. era beneficiada".
Desde el primer trimestre del 2011, consta que la sociedad mercantil "carecía de director financiero, no se llevaba la contabilidad ordenada y vivía en un constante expolio de sus activos", indicó el juez antes de señalar que "la falta de organización era tal, que las cuentas anuales del 2009 se recogieron en un cuadernillo sin firmar".
Hasta ahora, el juez ha concluido la investigación por las ayudas concedidas por Invercaria a Juana Martín (850.000 euros), Fumapa (300.00 euros) y Lolita Canalla (100.000 euros), en todas las cuales está procesado el expresidente de Invercaria.
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