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El presidente de la comisión que ha investigado en el Parlamento andaluz las ayudas a la formación de la Junta, Julio Díaz (d), ha presentado esta tarde en el Registro de la Cámara la propuesta de dictamen
El dictamen provisional sobre los cursos de formación fija el tope de responsabilidades políticas en Chaves y Griñán

El dictamen provisional sobre los cursos de formación fija el tope de responsabilidades políticas en Chaves y Griñán

El documento del presidente de la comisión, Julio Díaz, excluye a Susana Díaz, a quien sí señalan como responsable PP, Podemos e IU

Maria Dolores Tortosa

Lunes, 6 de febrero 2017, 20:46

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El dictamen provisional de la comisión de investigación sobre los cursos de formación pagados por la Junta de Andalucía concluye que hubo fallos en cadena, falta de personal y retraso en la fiscalización, es decir, mala gestión en el seguimiento de las ayudas concedidas, casi 2.900 millones de euros, entre los años 2000 y 2012, aunque no alude a menoscabo de fondos públicos. Aún así, el informe, firmado por el presidente de la comisión, Julio Díaz, entiende que hubo responsabilidades políticas por una gestión desordenada y con numerosas irregularidades debido en parte a la falta de medios para hacer seguimiento a las ayudas concedidas. Por ello fija el tope de las responsabilidades políticas en los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aunque no por competencia directa. Al primero le atribuye responsabilidad in eligendo y in vigilando y al segundo solo in eligendo, al ser los que nombraron a los titulares de las competencias para la formación en el empleo.

Excluye de tales responsabilidades a la actual presidenta, Susana Díaz, como sí reclaman en sus propuestas de dictamen PP, Podemos e Izquierda Unida. El texto de 137 páginas ha sido registrado esta tarde en el Parlamento andaluz, aunque Julio Díaz, diputado de Cs, se ha negado a facilitar su contenido a los periodistas alegando que se trata de información reservada.

El dictamen considera responsables de una gestión desordenada y llena de irregularidades a todos los consejeros y viceconsejeros de Empleo y Educación, directores generales de la formación, delegados provinciales del SAE y de Empleo desde 2000 a mayo de 2012. Es decir, no señala responsabilidades a ninguno de los actuales consejeros del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El documento no es definitivo. Ahora los grupos podrán presentar alegaciones y deberán ser votadas. Hasta mediados de marzo no habrá una conclusión de propuestas y responsabilidades políticas, que deberá ser refrendada por el Pleno del Parlamento.

La comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en los cursos de formación comenzó su andadura en octubre de 2015. A lo largo del pasado año comparecieron 66 personas, incluida la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

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