Diario Sur
Protesta en 2011. :: sur
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La Universidad de Sevilla desoyó un escrito y concentraciones contra el acoso sexual

  • El rector pide ahora perdón y dice que resarcirá a las víctimas del catedrático Santiago Romero

La sentencia que condena al catedrático Santiago Romero a siete años y nueve meses de cárcel por abusos sexuales ha estallado en las manos a la Universidad de Sevilla, cuyo rector intentó ayer salvar la cara de la institución pidiendo perdón «a la sociedad» y prometió recompensar a las tres profesoras víctimas del acoso por el daño sufrido.

Aunque el rector hispalense, Miguel Ángel Castro, quiso desplazar buena parte de la responsabilidad del caso hacia la Justicia, que ha tardado casi seis años en dictar sentencia, el hecho es que la institución desoyó las denuncias, los escritos de protesta con pliegos de hasta 200 firmas e incluso las concentraciones en contra del acoso sexual cometido por el catedrático y entonces decano de Ciencias de la Educación que se llevaron a cabo a lo largo de 2011. Santiago Romero siguió dando clases hasta el mismo día en que se conoció la sentencia, el pasado lunes, y sólo este martes, después de que la presidenta de la Junta reclamara que el condenado no volviera a pisar un aula, dio el paso de suspenderle.

Castro dijo ayer que desconocía las denuncias, a pesar de que era vicerrector cuando se produjeron las protestas y de que dos miembros de su equipo firmaron el escrito difundido en marzo de 2011, Ana López, vicerrectora de Servicios Sociales, que fue la encargada de entregarlo en el Rectorado, y Eva Trigo ahora directora de la oficina de cooperación al desarrollo.

El citado manifiesto fue presentado el 16 de marzo de 2011 con la firma inicial de 15 profesoras de distintos departamentos tanto al rector Luque como a otros miembros de su equipo, los vicerrectores de profesorado, docencia y relaciones internacionales, el defensor universitario, las directoras del SACU (Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria) y de la Unidad de Igualdad.

Ese texto reclamaba, con nombres y apellidos, que se adoptaran «medidas cautelares» y que se retirara de la docencia al catedrático Santiago Romero, entonces director del departamento de Educación Física y Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación.

En esos días la protesta fue seguida por la sección sindical del SAT y la Plataforma por una Univ ersidad Pública, Democrática y de Calidad, que llevó a cabo numerosas concentraciones y 'performances' ante el rectorado para reclamar que se parara el acoso laboral. El rector Luque dio largas a las reclamaciones, amparándose en la «presunción de inocencia», mientras que ayer Cortés intentaba defender que la Universidad dio un «tratamiento simétrico» a denunciantes y denunciado.

Pero, como explicaba la catedrática Adela Muñoz en un artículo publicado a comienzos de 2012 en la revista municipal 'Maginaria'. No sólo Romero siguió dando clases, dirigiendo el Departamento y como miembro del Claustro de la Universidad, sino que a la primera profesora acosada se la obligó en diciembre de 2007, cuando inició su denuncia, a someterse a pruebas del sida. Fue obligada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad «con una diligencia extraordinaria», dice Muñoz, a demostrar que no tenía esta enfermedad, como apuntaba un rumor extendido desde el entorno del catedrático, una «información que resultó ser totalmente falsa y que causó graves prejuicios a la investigada, entre ellos que sus compañeros de departamento le hicieran el vacío».

Para las tres profesoras implicadas, las consecuencias de su denuncia fueron la baja médica por depresión y una carrera profesional truncada. Cuando tras su insistencia el asunto fue llevado a los tribuales, las autoridades académicas se inhibirton con la excusa de dejar actuar a la justicia, dice Muñoz, aunque desoyendo los protocolos diseñados en materia de igualdad. Su falta de actuación fue tan llamativa que la propia consejera de Igualdad, entonces Micaela Navarro, «hizo un llamamiento a la Universidad para que protegiera a las víctimas». Luque nunca las recibió.

Miguel Ángel Castro anunció ayer que va a reunirse en los próximos días con las tres profesoras víctimas de los abusos y asegura que «la sensibilidad y la prioridad está ahora» con ellas.

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