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La jueza sevillana que instruye el caso de los cursos de formación, María Núñez Bolaños. :: efe
La Fiscalía acusa al PP de enmarañar la pieza política de los cursos de formación

La Fiscalía acusa al PP de enmarañar la pieza política de los cursos de formación

El PP mantiene su resistencia al archivo de la investigación ordenada por la jueza Bolaños de acuerdo con Anticorrupción y le pide ahora que reabra el caso

MARÍA DOLORES TORTOSA

Sábado, 3 de diciembre 2016, 00:25

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La insistencia del PP, como acusación particular, en mantener abierta la pieza política de los cursos de formación le ha llevado a enfrentarse no solo a la jueza instructora, María Núñez Bolaños, sino también a la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a los populares de «volver a enmarañar» la causa con la petición de un nuevo plazo para recurrir el archivo dictado por la magistrada.

Núñez Bolaños archivó el pasado octubre la pieza abierta por su antecesora en el juzgado 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, al concluir que no hay indicios de prevaricación o malversación de fondos públicos en la actuación de 24 cargos socialistas y funcionarios de la Junta de Andalucía en la concesión de las ayudas para la formación, tal como sostenía Alaya. El archivo se produjo de acuerdo con el criterio de la Fiscalía anticorrupción, que tampoco observa delito penal, aunque lo mismo que la jueza advierta de posibles irregularidades administrativas.

El PP, desde que en junio fuentes judiciales avanzaron el archivo, emprendió una disputa con la jueza Núñez Bolaños, presentando quejas sobre esta al Consejo General del Poder Judicial e incluso una recusación administrativa al acusarla de no entregarle las grabaciones completas de los interventores de la Junta en el caso. El PP volvió a utilizar el mismo argumento al solicitar una ampliación del plazo para recurrir el auto de archivo.

La jueza rechazó esta petición en una providencia y el PP la recurrió. En su recurso, considera la providencia de la jueza «nula de pleno derecho» e incluso considera a Núñez Bolaños sin competencias para hacerlo «hasta que se resuelva la recusación promovida» por los letrados del PP.

La Fiscalía ha respondido al recurso del PP con un sonoro rapapolvo a este partido. «Resulta sorprendente que se traiga aquí y ahora a colación el deber de abstención cuando no consta que el PP haya recusado a la magistrada», dice el ministerio público en su escrito, según Europa Press. Para la Fiscalía, no hay tal recusación, sino un escrito «confuso» de recusación administrativa. Recuerda que dicho escrito fue rechazado por el Consejo General del Poder Judicial.

El fiscal, que se opone a la nulidad de la providencia, critica que el PP de nuevo «vuelva a enmarañar la cuestión con la petición de un nuevo plazo para recurrir, y ahora con la excusa de no tener copias de las grabaciones, trayendo de nuevo a colación una recusación fuera de toda regulación legal y que se utiliza de nuevo de manera artera para mantener vivo un procedimiento sin entrar sobre el fondo del asunto». Considera que el asunto de las grabaciones ha sido utilizado por el PP ante los medios de comunicación «con la finalidad de confundir siempre los trámites procesales y el fondo del asunto».

Ampliación eventual

«Realmente no se les ha denegado copias de grabación, ocurre que las que tienen, dicen ser incompletas, extremo que no ha podido comprobarse, pues se negaron en reiteradas ocasiones a la entrega a la secretaria judicial para su cotejo». «No se alcanza a entender la importancia de tales declaraciones», añade la Fiscalía reprochando a los letrados del PP sus «escasas preguntas» cuando declararon los interventores.

Pese al correctivo, el ministerio público no se opone a que la jueza conceda de manera eventual una ampliación del plazo para presentar el recurso contra el archivo de la pieza política.

La respuesta del PP a la bronca de la Fiscalía llega con otro escrito solicitando a la jueza la reapertura de la pieza política tras tener conocimiento de que la Guardia Civil mantiene precintados dos despachos de las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con documentación «hasta ahora desconocida», informa Europa Press.

Los despachos fueron precintados el 14 de agosto, antes de que en septiembre la Fiscalía pidiera el archivo de la causa y la jueza lo dictara en octubre. Por ello, la Junta solicita a la jueza que ordene que se quiten los precintos dado que va a hacer traslado de la sede del SAE en la capital andaluza y quiere llevarse los documentos a otro edificio.

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