Todos los altos cargos de la Junta tendrán que hacer públicos sus ingresos y patrimonio

El PP logró ayer tarde el respaldo del Parlamento andaluz a una proposición de ley para reformar la normativa de incompatibilidades sobre altos cargos. A partir de ahora todos los altos cargos de la Junta, 284 según el último censo, están obligados a hacer públicos a través del Portal de Transparencia sus autoliquidaciones anuales de la renta (IRPF) y su patrimonio. Hasta ahora la normativa andaluza solo obligaba a los diputados, aunque también lo hacían los miembros del Consejo de Gobierno y parejas de estos por decisión política del PSOE.

Lo aprobado supone una modificación del artículo 12 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, aprobada en 2005. El PPha logrado el respaldo de los diputados del PSOE, Podemos y Ciudadanos después de aceptar algunas enmiendas de estos, mientras que Izquierda Unida se ha abstenido al no recogerse las suyas.

Aunque se trate de la reforma de un solo artículo de una norma vigente, para el PP supone un gran triunfo en su labor de oposición. Ni los más veteranos del grupo popular, entre ellos Jaime Raynaud, quien ha defendido la proposición de ley, recuerda cuánto tiempo hace que el PP no conseguía sacar adelante una iniciativa legal propia, pero asegura que más de una década.

La norma obligará a consejeros, viceconsejeros y directores generales, entre otros, no solo a presentar sus declaraciones de IRPF y bienes en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones, sino a su publicidad en el Portal. Hasta ahora todos estos altos cargos tenían obligación de declarar sus bienes al tomar posesión del cargo y al abandonarlo, pero sin publicidad.

La gran novedad de la reforma del PP a la ley es que también obligará a la misma transparencia a los gerentes y altos directivos de las empresas públicas de la Junta con rango de director general. A todos los puestos, en definitiva, recogidos en el índice de altos cargos de la administración autonómica.

La reforma, no obstante, acota la publicidad en el Portal de la Junta a aquellos extremos que afecten al derecho a la intimidad de las personas o a terceros según la ley de protección de datos. La norma no obliga a las parejas o cónyuges a la presentación de sus bienes y declaraciones de la renta, aunque podrán hacerlo si lo desean. Aún así, no se podrán hacer públicos en el Portal sus datos salvo por deseo expreso.

La ley establece plazos, de forma que no podrá exceder del 1 de agosto la presentación de la liquidación del IRPF y tampoco podrán transcurrir más de dos meses para que los cargos declaren sus bienes después de tomar posesión o al abandonar el puesto de gestión política.

Raynaud puso un ejemplo. En el actual Consejo de Gobierno hay 13 consejeros, de los que siete son diputados. La ley vigente solo obligaba a los que son diputados, aunque los demás también lo hacían por expresa condición de la presidenta, Susana Díaz, al nombrarlos. Los seis consejeros que no son diputados manejan el 70% de los casi 33.000 millones de euros del Presupuesto de la Junta, anotó el diputado del PP. «Con la norma cumplimos el Estatuto cuando habla de la igualdad de obligación de todos los cargos y representantes públicos», añadió.

Navantia

Todos los partidos también estuvieron de acuerdo en aprobar una declaración institucional de apoyo al mantenimiento de la carga de trabajo de la empresa naval Navantia en la Bahía de Cádiz. La declaración surge tras la inquietud en los astilleros de Cádiz por las informaciones de que se podría estar desviando carga de estos a un nuevo gran astillero en Ferrol, algo que el Gobierno ha desmentido.

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