Diario Sur

Andalucía reforma su ley contra la violencia de género e incluye a los hijos como víctimas

La consejera de Igualdad y Política Social, María José Sánchez Rubio, explicando ayer el contenido de la reforma. :: julio Muñoz. efe
La consejera de Igualdad y Política Social, María José Sánchez Rubio, explicando ayer el contenido de la reforma. :: julio Muñoz. efe
  • Amplía la protección a niñas que sufren agresiones por tradiciones culturales como la ablación o el matrimonio forzado

En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este viernes, el Consejo de Gobierno andaluz dio luz verde ayer al anteproyecto de reforma de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobó una declaración institucional y dio a conocer un informe que, aunque data de 2015, viene a confirmar que queda mucho por hacer para acabar con esta lacra. Desde que existen estadísticas, en 2003, han muerto a mano de sus parejas 172 mujeres en la comunidad y 865 en toda España. Este año ya han sido asesinadas 39 mujeres en todo el país, tres de ellas en Andalucía.

La adaptación de la ley andaluza, que data de 2007, viene a actualizar la protección hacia colectivos que antes no fueron tenidos en cuenta, en especial los menores, hijos de las víctimas y en muchas ocasiones víctimas ellos también, y amplía el concepto de violencia de género de acuerdo con los protocolos internacionales, contenidos en el convenio de Estambul, de 2011.

De este modo, se considerará violencia de género tanto el feminicidio, es decir el homicidio o asesinato cometido como instrumento para dañar a la mujer, pero también el acoso y las agresiones sexuales; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital femenina; el matrimonio precoz o forzado; las violencias originadas por tradiciones culturales que atentan contra los derechos de las mujeres; las derivadas de conflictos armados; la 'ciberviolencia', y cualquier otra forma que sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad de las víctimas.

Dentro de la nueva protección a niños y adolescentes, serán considerados víctimas tanto si son agredidos como si se ven expuestos a la violencia que sufren sus madres.Además, se va a ampliar el concepto de 'mujer víctima' a las niñas, a fin de que reciban la misma asistencia específica que se presta a las mayores.

En el anteproyecto se incluye también, según el resumen facilitado por la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, la exigencia como requisito previo para el ejercicio de profesiones que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales, entre los que se cita agresión, abuso o acoso sexual, exhibicionismo, provocación, prostitución y explotación sexual, corrupción de menores o trata de seres humanos. Para ello, se deberá acreditar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de ámbito estatal y en funcionamiento desde 2015.

Por último, se informó de que se adaptarán los indicadores del Observatorio Andaluz de Violencia de Género a los estándares que establece el convenio de Estambul y se avanzará en la formación de los profesionales en contacto con las víctimas.

El anteproyecto inicia ahora el trámite parlamentario, sobre el cual la diputada de IU Elena Cortés llamó la atención de que no se haya optado por la fórmula de decreto-ley y el trámite de urgencia, dada la necesidad de rapidez para implementar estas medidas, y dijo que «la Junta de Andalucía «funciona a un ritmo diferente del que necesitamos las mujeres en cuanto a derechos».

Por otra parte, la consejera, María José Sánchez Rubio, aseguró que Andalucía es la pionera en adaptar su ley y celebró el Pacto de Estado que comienza a tramitarse en el congreso y que coincide con el que Andalucía también ha propuesto.

Declaración Institucional

La declaración aprobada por el Gobierno andaluz por el 25N recoge en buena parte las novedades incluidas en el anteproyecto de ley y vuelve sobre el concepto de Pacto de Estado, para que las leyes en la materia no cambien en función del partido en el poder.

El Consejo de Gobierno manifiesta su «absoluto rechazo» hacia la violencia contra las mujeres, expresa su solidaridad a las familias y «manifiesta la necesidad de continuar en la promoción de actitudes de concienciación y rechazo social» para lograr un cambio de mentalidad.