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Arellano transforma la financiación de las universidades andaluzas

Antonio Ramírez de Arellano, consejero andaluz de Economía y Conocimiento.
Antonio Ramírez de Arellano, consejero andaluz de Economía y Conocimiento. / EFE
  • El nuevo marco refuerza las transferencias, para que las instituciones sepan con certeza el dinero con que van a contar y reduce las subvenciones y la burocracia

La financiación de las universidades andaluzas cambia en este curso para resolver disfunciones, reducir burocracia y en busca de mantener y mejorar un sistema que se evalúa como satisfactorio. El asunto es complejo y viene teñido de polémica, por la protesta de los rectores en demanda de un cambio y un aumento de la dotación presupuestaria. El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ex rector de Sevilla, tiene cerrado el diseño del nuevo sistema, a falta de negociar solamente con sus antiguos colegas las cantidades y el reparto de las mismas. Cree que como toda negociación puede ser tensa, pero tiene claro el esquema y muy estructurado su discurso.

El sistema universitario andaluz se rige por un modelo de financiación que caducó hace ya cinco años, pues se contemplaba para el periodo 2007-2011.

Según los datos facilitados por el consejero, en los nueve años ya cerrados, hasta 2015, las universidades han ingresado 16.000 millones de euros y han gastado 15.500 millones, con un superávit positivo 500 millones en su conjunto.

En este periodo, la Junta ha transferido ingresos por valor de 12.000 millones, mientras el resto se ha logrado por otras administraciones, precios públicos, etc.

Pero el modelo se planteaba con una aportación del 70% de la Junta y un 30% de fuentes propias y no ha sido así, sino 75% Junta y 25% universidades, por lo que el consejero concluye que «en este periodo la Junta ha financiado por encima de lo comprometido por el modelo».

La Junta ha aportado incluso a lo largo de estos años 200 millones más de lo que requería el modelo, y eso a pesar de que los recortes del Gobierno de Rajoy restaron 500 millones.

«Hemos cumplido, globalmente. Pero en los últimos años los problemas se han acumulado». Arellano los describe: tesorería, como todas las administraciones, hasta llegar a reconocer como deuda 1.000 millones, que se han reducido ahora a unos 220, con un reparto desigual entre las distintas sedes. La mayor parte corresponde a la Universidad de Málaga.

El consejero se esfuerza en precisar que ya desde 2016 se paga todo al día y en poner en valor la cifra respecto a los 12.000 millones de inversión total en estos años. «Ahora las universidades no deben nada a bancos ni proveedores, liquidan sus presupuestos y se les reconoce una deuda de tesorería de 220 millones».

Para zanjarla será necesario incluir un acuerdo en el pack negociador del nuevo sistema que incluya una «senda» en la que una parte tendría que computar como déficit de la comunidad autónoma

Ramírez de Arellano se plantea resolver en el nuevo marco varias cuestiones clave: evitar la deuda, dar certidumbre sobre el dinero que van a recibir las universidades, que éste sea suficiente, que exista flexibilidad para gestionar que se reduzca la burocracia.

«No vamos a hacer un modelo de reparto, sino un acuerdo que recoja todas las cuestiones sobre la mesa». El objetivo es alcanzar el acuerdo antes de fin de año, porque el nuevo sistema está recogido en el Presupuesto para 2017.

Se trata de un cambio más cualitativo que cuantitativo. La financiación tenía dos componentes: transferencias, aseguradas, y convocatorias competitivas, aleatorias, a propuesta, que se evalúan y reparten. Un capítulo complejo, que requiere que salga la orden de convocatoria, que se tramite, durante meses, y una vez ejecutado que se justifique de forma técnica y económica. El proceso puede durar meses, con el agravante de que estas subvenciones se conceden no al investigador sino a la universidad, lo que hace que el bloqueo del trámite puntual deje sin ayudas en la siguiente convocatoria a toda la institución.

Sobre estos dos conceptos basculaba el sistema hasta ahora. Por transferencias van la financiación operativa, el capítulo fundamental, lo que permite abrir los planes de apoyo, donde van ayudas para el B1, para el programa erasmus, etc. Por convocatorias se regía el plan plurianual de inversiones, de subvenciones excepcionales, abierto de manera constante, pero sobre todo la investigación, que sólo se ha hecho por convocatorias competitivas, mediante la Junta: «Esta situación provoca que todo lo que dependía de convocatoria era incierto».

De hecho, la suspensión del PAIDI desde 2013 vino a petición de las universidades, que ante la imposibilidad de saber cuánto iban a recibir pidieron que se paralizara, indica el consejero.

Financiación básica

A partir de ahora, y en base a la nueva Ley Andaluza de Universidades, gira el cambio: la financiación operativa se va a llamar financiación básica y tendrá tres componentes: la operativa, el dinero para abrir las facultades, una financiación básica para infraestructuras, y otra para investigación.

Aquí se encierran dos cambios sustanciales. Por una parte, que no hace falta ya construir grandes infraestructuras, sino mantenerlas, en general, y que la investigación no es una opción, sino una obligación.

Las infraestructuras se trasladan a planes estratégicos que cada universidad podrá suscribir con la Junta, separados del modelo de financiación, sin el crácter competitivo que tenía hasta ahora.

Los planes de apoyo se transforman en planes de excelencia, coordinación y apoyo.

En el nuevo marco se va a reconocer con financiación cuestiones concretas, como un plan para atraer talento, o para que sea visible la investigación, o las patentes vendidas a empresas. «No habrá convocatoria. Te doy dinero y evalúo el programa que tú has puesto por tu cuenta. El año que viene reparto en función del éxito con indicadores sencillos». Adaptados a cada realidad, y no los 70 conceptos que hay que evaluar ahora. Arellano, catedrático de Física de la Materia, apela a un dicho: «Dame un número suficiente de variables y te construyo un elefante».

Las convocatorias de investigación seguirán, pero no básica, sino de excelencia y «que no sustituyan a programas del Estado o europeos, porque se desincentiva que venga inversión de otros lugares». Esta investigación competitiva, de excelencia, está presidida por el PAIDI.

Frente a la crítica de los rectores por la subida de la partida en un 1%, Arellano defiende que es un dinero que «seguro que van a recibir», al ser por transferencia. Estas suben un 9%,en cien millones mientras que las competitivas crecen un 30%. «Podía haber metido más convocatorias competitivas, pero primero he querido resolver el pasado».

Arellano cree posible alcanzar el 1,3% del PIB e incluso llegar en pocos años al 1,6% de media europea y da datos para avalar su optimismo: «En investigación ya hay 10 millones para que las universidades repartan entre sus grupos, de momento con los mismos criterios que de la última evaluación, y 30 millones para que cubran recursos humanos, es decir, cientos de contratos para jovenes investigadores».

El consejero dice además «entender» el escrito de los rectores, su necesidad de certidumbre, una palabra que repite mucho y a la que asegura que el nuevo marco da respuesta, y cree que el reto de ponerlo en marcha a primeros de año va a cumplirse. «Es el momento de cambios cualitativos, que son fundamentales y quiero que se aprecie y que el balance del modelo no se plantee como cuestión derrotista, porque se han resuelto sus problemas de tesorería, se va a dotar de recursos suficientes para funcionar, dará certidumbre, flexibilidad con planes de apoyo y excelencia fáciles de gestionar».