Diario Sur

El Parlamento aprueba la jornada de 35 horas para los funcionarios andaluces

Susana Díaz y la bancada de diputados socialitas.
Susana Díaz y la bancada de diputados socialitas. / EFE
  • El PP-A se abstiene pero advierte que el Gobierno central está obligado por ley a recurrir el decreto y acusa a la Junta de buscar la confrontación

La recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales de los funcionarios públicos andaluces avanza, salvo que el Gobierno de España lo impida mediante recurso al Tribunal Constitucional, como ha sucedido con una norma similar de Castilla La Mancha.

El Parlamento andaluz aprobó ayer la convalidación del decreto ley en este sentido del Consejo de Gobierno de la Junta, con los votos de PSOE, Podemos e IU y con la abstención de PPy Ciudadanos. En virtud de este decreto ley más de 270.000 empleados públicos recuperarán a partir del próximo 16 de enero la jornada laboral de 35 horas semanales, que fue ampliada a 37,5 horas a comienzo de la crisis, en 2012 y que había sido implantada en la Administración autonómica en 1999.

En el caso de los empleados públicos de Educación, la medida se implantará progresivamente a partir del curso 2017-2018, mientras que en el ámbito sanitario se irá aplicando en función de la negociación de los turnos diarios de trabajo, según el calendario aprobado y recogido en la norma. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el decreto ley en la tribuna y lo calificó como una medida «justa, oportuna, adecuada y consensuada» con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Aseguró que la recuperación de la jornada responde al compromiso de la Junta de restablecer los derechos a los profesionales públicos que se han visto afectados con motivo de la crisis.

La consejera afirmó que el proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma para 2017 tiene consignadas las cantidades necesarias para hacer frente a esta medida que era una de las principales reivindicaciones del sector, así como la devolución de otro 25% de la paga extra. También se recoge una previsión de subida salarial del 1%, si así lo aprobara el Gobierno central.

Además de recuperar un derecho, dijo, la jornada de 35 horas favorece la conciliación familiar de los empleados públicos, pero también tendrá un impacto positivo en la economía, pues va a contribuir a la creación de empleo ya que se aplicará «sin merma alguna en la calidad de los servicios públicos y manteniendo el nivel de las prestaciones».

Montero insistió en que Andalucía marca «un camino distinto a la hora de aguantar los recortes», pues el Gobierno autonómico «cuando hubo que ajustar lo hizo» pero sin despidos masivos ni privatizaciones, mientras en otras comunidades «miles de personas fueron a la calle». La consejera afirmó también que espera que l a iniciativa se convierta en «una hoja de ruta que se pueda instaurar en el resto del Estado». Aunque es probable que no sea así:En contra de ese objetivo está la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró recientemente la inconstitucionalidad y nulidad de la ley que modificaba la jornada de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, por lo que tumbó la iniciativa de que recuperaran las 35 horas.

Por eso ayer la patata caliente la tenía el PP-A, que había sido conminado reiteradamente desde la Junta y el PSOEa apoyar esta medida, enfrentándose al Gobierno central, o a no hacerlo desoyendo así a los funcionarios públicos.

Finalmente el PP-A optó por abstenerse y su representante, el diputado Pablo Venzal, aseguró, como el miércoles Carmen Crespo, que no están consignadas en los Presupuestos y que la Junta incumple la ley a sabiendas para «confrontar» con el Gobierno central, además de no adjuntar un informe jurídico.

Venzal afirmó que es competencia exclusiva al Estado, que la sentencia del Tribunal Constitucional «tiene efecto de cosa juzgada» y que la Junta ya sabe que Rajoy está «obligado por ley» a recurrirlo.

En sus respectivos turnos intervinieron Begoña Gutiérrez (Podemos)y Elena Cortés (IU) que dieron su apoyo, no sin criticar la política de función pública de la Junta, mientras Julio Díaz (C’s) pidió diálogo y advirtió que no se puede poner a los funcionarios en el centro de la confrontación.

El Parlamento aprobó también una proposición no de ley del PSOE solicitando al Gobierno que no recurra el decreto andaluz con el apoyo de todos los grupos excepto del PP andaluz, que esta vez sí votó en contra. C’s se abstuvo.