La Junta se opone a una ley específica sobre la autoridad del profesorado que pide el PP

El PP tiene registrada una proposición de ley en el Parlamento para que se reconozca de forma específica la consideración de autoridad pública del profesorado en Andalucía. Esta ley responde a una vieja reivindicación de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), que el PP ha defendido en varias ocasiones en la Cámara andaluza. Al tratarse de un proyecto de ley de un grupo parlamentario requiere el visto bueno del Consejo de Gobierno. Este manifestó ayer su criterio contrario a la tramitación de esta norma, si bien será el Pleno del Parlamento el que decida en última instancia si la admite o no. El PPnecesitará del respaldo de Ciudadanos y Podemos para sacarla adelante.

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, argumentó que tanto la legislación educativa autonómica como la estatal ya contienen el reconocimiento de la autoridad del profesorado. En concreto la Ley de Educación de Andalucía, vigente desde 2007, reconoce la autoridad «magistral y académica» de los docentes. Más contundente en la línea que defiende el PP se expresa la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) al establecer que «los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública».

La ANPE, crítica con la Lomce en otros aspectos, festejó en su día que incluyera esta consideración del profesorado y animó a la Junta a elaborar una ley específica de carácter regional sobre la autoridad del profesorado al estimar muy tibia la mención al respecto en la Ley de Educación de 2007. El Gobierno andaluz no lo ha considerado necesario, pero sí el PP.

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López Gabarro, despotricó contra el ejecutivo de Susana Díaz por manifestarse en contra de la norma, si bien eso no impide que sea tramitada si logra el respaldo de los otros partidos políticos ya que el PSOE no cuenta con mayoría absoluta. López manifestó que la consideración por ley de autoridad pública del profesorado es un mandato de la Lomce «al que el Gobierno andaluz debe dar cumplimiento». También ha recordado que nueve comunidades autónomas (Madrid, Valencia, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y Castilla y León) tienen ley propia sobre esa materia, aunque en realidad la mayoría son anteriores a la Lomce. Madrid y la Comunidad Valenciana las aprobaron en 2010.

Muchas de ellas responden a la presión de los colectivos de profesores tras una avalancha de altercados con padres y alumnos en los que los docentes se veían sin amparo para hacerles frente. En 2008, la Fiscalía General del Estado conminó a los fiscales a considerar a los profesores de los centros públicos la condición de autoridad a efectos penales, de modo que cualquier agresión grave contra ellos pueda ser calificada como delito de atentado a la autoridad según el Código Penal.

El vicepresidente recordó que el profesorado de la escuela pública, «en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública». Sobre la asistencia jurídica y defensa del profesorado en general que menciona el PP en su ley, recordó que por el mero hecho de ser funcionarios, los docentes tienen una especial protección por las normas generales.

Pero la ley del PP quiere ir más allá del enseñante de la escuela pública y, según recordó López, propone «mayores garantías jurídicas y personales» también para los profesionales de la concertada.

La Junta considera que la Ley de Educación y los reglamentos orgánicos de los centros docentes garantizan la asistencia jurídica a todos los profesores.

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