Diario Sur

La jueza levanta el secreto de la 'Operación Nazarí' y mantiene los investigados

Torres Hurtado, el día de su declaración en los juzgados. :: ALFREDO AGUILAR
Torres Hurtado, el día de su declaración en los juzgados. :: ALFREDO AGUILAR
  • La magistrada sigue a la espera del informe de la Policía sobre el material incautado en los registros y el volcado de móviles y ordenadores, que tardarán unos seis meses

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, levantó ayer el secreto de sumario de la 'Operación Nazarí', en la que resultaron detenidos -entre otros- el exalcalde José Torres Hurtado y la anterior concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Siete meses después, la magistrada ya no aprecia «posibilidad de que pudiera haber interferencia alguna o riesgo para la investigación». Sin embargo, aún no está analizado todo el material retirado en los registros realizados el 13 de abril en viviendas y despachos; ni la información que contuvieran los ordenadores y móviles intervenidos. Este informe de la Policía Nacional se puede demorar aún otros seis meses.

La jueza también espera una pericial urbanística por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que igualmente puede conllevar medio año, según recoge el auto emitido ayer. Los técnicos recibieron el 13 de octubre 13 cajas con «entre 15.000 y 18.000» folios a analizar, agrupados en ocho grandes operaciones urbanísticas sobre las que se centra la investigación; entre las que se encuentran, por ejemplo, la construcción del Pabellón Mulhacén, varios aparcamientos subterráneos o la licencia de ocupación del bloque de pisos donde, entre otros, vive el exalcalde.

Desde el 22 de enero

Las diligencias previas parten de la unificación en el mismo juzgado de dos denuncias que llegaron a la fiscalía y llevaban bajo secreto desde el 22 de enero de 2016.

La UDEF detuvo el 13 de abril a 16 personas, entre cargos públicos, funcionarios y empresarios, que quedaron en libertad tras prestar declaración -algunos se acogieron a su derecho a no hacerlo- en sede policial. Las pesquisas abarcan una decena de supuestos delitos, entre ellos asociación ilícita, una figura penal que supone la presencia de una trama organizada, coordinada, permanente en el tiempo y jerarquizada. Hay que sumar indicios de delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, administración desleal, prevaricación urbanística y prevaricación común.

La jueza ha citado hoy a las defensas de los investigados y a las acusaciones personadas para darles la documentación del sumario, que puede superar los 20 gigas de información.

El letrado Ernesto Osuna, que representa a Isabel Nieto y a otros funcionarios del Ayuntamiento, explicó a Efe que deberán estudiar toda la documentación de la causa, aunque prevé pedir nuevas diligencias, que podrían o no ser admitidas, y presentar documentación para ejercer las tareas de defensa.

Ernesto Osuna valoró que el levantamiento del secreto de sumario permitirá conocer si existen «evidencias» de un delito penal en la causa o si la instrucción se ha centrado en cuestiones urbanísticas que podrían haberse derivado a la vía Contencioso Administrativa.

El abogado César Fernández Bustos, que representa al empresario investigado Roberto García Arrabal, considera que el auto permitirá a los 16 investigados conocer de qué delitos les acusan y destacó su convencimiento de que se dilucidan cuestiones «puramente administrativas».

El también abogado de la defensa Antonio Illana explicó que estudiarán el grueso de la documentación para solicitar diligencias, aunque ha interpretado que la jueza instructora espera el informe de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio porque se trata de una causa de carácter administrativo y no penal.