Diario Sur

La jueza reabre la causa de Aznalcóllar y encarga indagar a la Guardia Civil

Vista de uno de los accesos a la mina de Aznalcóllar (Sevilla), cuya adjudicación vuelve a investigarse. EFE/Jose Manuel Vidal
Vista de uno de los accesos a la mina de Aznalcóllar (Sevilla), cuya adjudicación vuelve a investigarse. EFE/Jose Manuel Vidal
  • Juanma Moreno pide al Gobierno andaluz que comparezca en el Parlamento para dar explicaciones

Después de que la Audiencia de Sevilla, con la magistrada Mercedes Alaya como ponente, aceptara los recursos de Manos Limpias y Emerita Resources, la jueza nº3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha reabierto la investigación sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Del auto resalta una llamativa decisión: quita la investigación de la Policía Nacional y la encarga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El primer atestado policial sobre la adjudicación llegaba a decir que ésta «careció del más minimo rigor» e incurría en anomalías como cuestionar la solvencia de la empresa ganadora, Grupo México, una de las grandes del sector.

En el auto de reapertura la jueza encarga a laUCO que investigue el papel jugado por Minorbis «ante la posibilidad de que hubiera actuado en el presente concurso como mero intermediario para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada absolutamente por una filial» del Grupo México. Una vez que esta indagación sea realizada, la jueza resolverá si procede la declaración como investigados de los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes legales de Minorbis.

La Audiencia pedía también que se llame a declarar a seis miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación, todos ellos funcionarios, que resolvieron el concurso público. La jueza solicita a la Fiscalía y a las acusaciones personadas --Emerita, Ecologistas en Acción y el sindicato Manos Limpias-- que «se pronuncien sobre los extremos sobre los cuales se proponga la citación como investigados» de los mismos.

Patricia Fernández reclama la opinión del fiscal, que pidió el archivo de la causa, tambiçen para la posible declaración de especial complejidad y rechaza la reclamación formulada por Alaya de pedir una prueba realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Indica que ya ésta fue practicada, aunque matiza que el perito firmante está en situación de «cese/jubilación», incurso en un proceso penal, y dice que puede solicitarse, en todo caso, su ratificación.

La Consejería de Empleo, responsable de la adjudicación, expresó ayer su «máximo respeto a las actuaciones judiciales» , aseguró su colaboración con la jueza, así como su «convencimiento de la correcta adjudcación» y el «absoluto apoyo» al trabajo de los funcionarios.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, pidió a su vez la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento para aclarar «lo antes posible» todas las «circunstancias derivadas» de la adjudicación.

Moreno indicó en Almería que «hay muchas informaciones e incluso investigaciones policiales y judiciales donde se insinúa que puede haber algún tipo de irregularidad», informa Efe, y reclamó «transparencia» a la Junta.