Diario Sur

La Junta pide por primera vez cárcel para uno de sus exconsejeros

Antonio Fernández, ante la comisión del Parlamento de los ERE en 2012. :: efe
Antonio Fernández, ante la comisión del Parlamento de los ERE en 2012. :: efe
  • El Gabinete Jurídico solicita penas de seis años y medio para Antonio Fernández por un ERE con intrusos

Pocos días después de entregar su escrito ante el juez Álvaro Martín en el que pedía el archivo de la 'pieza política' de los ERE, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, un organismo integrado por funcionarios de carrera que se equipara a la Abogacía del Estado a nivel autonómico, pide por primera vez penas de cárcel para un exconsejero de la Junta. Se trata de antonio Fernández. que fue responsable de Empleo hasta 20011, y del ERE de Acyco, en el que hubo dos intrudos.

La Junta, personada como acusación particular, pide seis años y medio de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una multa de 817.180,37 euros para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Se le considera responsable, detalla la agencia Europa Press, de un delito continuado de malversación, por el que se le pide seis años de prisión y 17 de inhabilitación; otro continuado de prevaricación, con nueve años de inhabilitación, y un tercer delito de tráfico de influencias, con una petición de seis meses de cárcel, 817.180,37 euros de multa y cuatro años de inhabilitación.

La Junta acusa a otras ocho personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para el que pide cinco años de prisión y 15 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada, y seis meses de cárcel, multa de 707.560,37 euros y tres años de inhabilitación por tráfico de influencias.

Asimismo, también acusa al ex director general de Trabajo Juan Márquez, para el que pide tres años de prisión y 13 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación.

El resto de acusados son la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, para la que pide tres años y nueve meses de prisión; el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, que se enfrentan a tres años de cárcel; un 'intruso', para el que pide dos años de prisión; y dos extrabajadores de Vitalia para los que solicita tres años de cárcel.

La Junta pide que los acusados, además, indemnicen a la Administración autonómica de manera solidaria con un total de 612.884 euros. Además, exculpa al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y al ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano, por no considerarlos autores de los hechos imputados.

El escrito de acusación de los letrados de la Junta considera que los dos intrusos,uno de ellos ya fallecido, eran naturales de la Sierra Norte de Sevilla «y la única causa que determina su inclusión en el anexo de dicho protocolo es su relación personal con Guerrero». Fernández conocía esta irregularidad, afirma el escrito. La Junta estima que el total de las ayudas comprometidas en el citado protocolo asciende a 2,8 millones de euros (2,9 millones de coste aplazado). Además, el coste para la Junta de la póliza de los dos 'intrusos' asciende a 104.885 y 120.201 euros, respectivamente.

El ERE de Acyco contenía otra irregularidad, también presuntamente conocida por el entonces consejero, que era la presencia como prejubilada de una directiva que continuó trabajando para la empresa. Se trata de Encarnación Poto, prejubilada con un coste de prima al contado de 261.046 euros, «satisfechos por la Junta», y que «a pesar de que la citada continuó trabajando para Acyco y, en consecuencia, percibiendo retribuciones de la empresa». «El coste de la prima al contado de la póliza, así, se dispara hasta un importe de 3,1 millones (3,2 millones de coste aplazado».

Por su parte, el PP-A, personado como acusación en esta misma pieza separada del caso ERE, pide en su escrito de acusación 14 años y medio de cárcel y 36 años de inhabilitación para el exconsejero Fernández. La acusación pide para las otras 11 personas encausadas por la ayuda a Acyco, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta, un total de dos años de cárcel, 12 años de inhabilitación y el pago de una multa de 36.000 euros por un delito de asociación ilícita.