Diario Sur

El PP va más allá de la Fiscalía y pide cárcel para Chaves en el 'caso ERE'

Dolores López Gabarro y Juanma Moreno. :: efe
Dolores López Gabarro y Juanma Moreno. :: efe
  • También discrepa del juez instructor y eleva el fondo de ayudas ilegales a 1.280,4 millones de euros

El PP ha ido más allá de la Fiscalía anticorrupción y solicita dos años de cárcel para Manuel Chaves por un delito de asociación ilícita en el 'caso de los ERE'. Los populares apuraron el plazo para presentar ayer en el juzgado 6 de Sevilla su escrito de acusación de la pieza política o del procedimiento específico, aquella que procesa a 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la supuesta concesión desde 2000 a 2010 de ayudas sociolaborales a empresas en crisis mediante un procedimiento ilegal y de forma arbitraria.

El PP, acusación popular, suscribe las peticiones de condena de la Fiscalía por los delitos de prevaricación continuada y malversación de caudales: Seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán por ambos delitos, y diez años de inhabilitación para Chaves por el de prevaricación; También penas de seis a ocho años de cárcel a otros 17 excargos de la Junta, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo y al resto solo inhabilitación.

Aparte de ello, el PP, acusación popular, discrepa de la Fiscalía y añade el delito de asociación ilícita, por el que pide dos años de cárcel a todos los procesados, 36.000 euros de multa y 12 años de inhabilitación. Ello significa que el PP es la única de las partes personadas en esta causa de los ERE que pide cárcel para el expresidente Manuel Chaves y también para los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, y eleva a ocho años la solicitud de prisión para José Antonio Griñán.

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López Gabarro, justificó el añadido de este delito en que el propio juez instructor, Álvaro Martín, en su auto del 31 de mayo de procesamiento, considera que los encausados «concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito, llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado procedimiento específico». Según López Gabarro, el PP sí entiende que hubo una trama para delinquir «durante más de diez años de manera concertada por todos los encausados para dar subvenciones a dedo y crear una red clientelar que le permitiera mantenerse en el poder».

Pese a aumentar los delitos anotados por el instructor y las peticiones de condena de la Fiscalía, López Gabarro afirmó: «Podíamos haber ido más lejos, pero la Justicia no se consigue con el ensañamiento».

Esta no es la única discrepancia del PP respecto a la Fiscalía y al juez. Los populares consideran que el fondo por el que han de responder de forma subsidiaria los acusados en caso de ser condenados no es el de 855 millones de euros fijado por el juez según la Intervención General del Estado.

El PP eleva esta cantidad a 1.280,4 millones de euros, basándose en otro informe, el de la Cámara de Cuentas andaluza, sobre las ayudas concedidas desde 2000 hasta 2010 con intereses bancarios y sumando las presupuestadas en 2011.