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L.G.-S.
Sábado, 15 de octubre 2016, 00:34
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Tres días después de que el Consejo de Gobierno aprobara el anteproyecto de ley de Agricultura y Ganadería, una de las más importantes de la legislatura, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reunió ayer en San Telmo a representantes de las organizaciones profesionales agrarias.
Dirigentes de Asaja, COAG y UPA y de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía se sentaron con la presidenta, la consejera y el equipo de Agricultura para analizar el texto, elaborado en colaboración con estas entidades. Presidencia quería también poner de manifiesto que se trata de una de las principales promesa enunciada en la investidura y que ya se encuentra en marcha. La consejera, Carmen Ortiz, ha manifestado que la previsión que baraja es que la ley, que ahora entra en trámite de informes técnicos, pase al parlamento para estar definitivamente aprobada en la primavera del año que viene.
La opinión de los agentes del sector, expresada tras el acto, fue en general favorable al anteproyecto, que aborda alguna de las cuestiones más candentes, como la calidad alimentaria, la trazabilidad, la regulación de los excedentes alimen tarios o la venta a pérdidas, donde la Junta ha optado por ampliar sus competencias con un régimen de fuertes sanciones que busca parar un problema que afecta sobre todo a un sector fundamental, como es el olivar, en una actitud calificada de valiente por las fuentes consultadas.
No obstante, cada uno de los representantes hizo su particular petición, en comparecencias tras la reunión.
Precios justos
Ricardo Serra, de Asaja, pidió que se atiendan en especial un sistema de precios justos , porque «el futuro de la agricultura está basado en que salgan los números», dijo a Efe, y la incorporación de los jóvenes al sector.
Miguel López, de COAG, apoyó el texto salido del Consejo de Gobierno como «una oportunidad», porque representa «un impulso para el relevo generacional, la modernización de las exportaciones, la innovación tecnológica» al tiempo que llamó la atención sobre la necesidad de que los agricultores reciban las ayudas «en tiempo y forma».
Francisco Moreno, de UPA, consideró la ley fundamental dada la potencia del sector en Andalucía e insistió también, como lo hizo el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Rafael Leal, en la necesidad de conseguir unos precios justos para el campo.
La consejera, por su parte, manifestó que la ley va a suponer un avance en las condiciones de las zonas rurales «al favorecer el empleo, la integración social y la igualdad de género».
Además, esta nueva normativa fomentará el relevo generacional del campo, la competitividad y la innovación en este ámbito y, consecuentemente, redundará en el desarrollo de las zonas rurales. «Todo ello sin olvidar el carácter sostenible de la actividad agraria, ya que las medidas contempladas en este texto buscan la reducción del impacto ambiental y de los efectos del cambio climático».
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