Diario Sur

La Junta pide el archivo de la causa contra Griñán y Chaves en el 'caso ERE'

La Junta pide el archivo de la causa contra Griñán y Chaves en el 'caso ERE'
  • Los abogados de la Junta observan que no hubo trama para delinquir y que el procedimiento de las ayudas era legal

La Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de la pieza del 'caso de los ERE' que procesa a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 22 excargos socialistas entre ellos seis exconsejeros. Se trata de la pieza política o del procedimiento específico, aquella que busca llevar a juicio a los responsables políticos por entender que tramaron un sistema ilegal y opaco para conceder ayudas de forma discrecional a las empresas en crisis sin control previo. Los letrados de la Junta, acusación en el caso, argumentan que solo pueden ser ilegales las resoluciones de concesión de las ayudas que firmaron los responsables de la Consejería de Empleo y que estos actos se enjuiciarán en cada una de las piezas separadas por las subvenciones a cada empresa.

Es decir, los letrados piden el archivo de la causa política también para los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, además de los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, pero deja la puerta abierta a que en las piezas separadas sobre las ayudas concedidas a cada empresa la acusación de la Junta sí se pronuncie a favor de su enjuiciamiento a alguno de ellos. En las dos piezas separadas del 'caso ERE' sobre ayudas a empresas ya terminadas por la instrucción, el juez ha procesado a Fernández y a los exdirectores generales mencionados y la Fiscalía pide hasta 20 años de cárcel para el exconsejero y 16 años para los restantes cargos.

Los letrados de la Junta defienden la legalidad del sistema de concesión de las ayudas y su pago a través de IDEA con la tramitación presupuestaria aprobada por el Parlamento, observan que la Intervención no apreció menoscabo de fondos públicos en sus informes y hace hincapié en que no ha quedado acreditado que hubiera una trama política con el necesario acuerdo de numerosas personas para delinquir, por lo que, por todo ello, rechazan los delitos de prevaricación y malversación que la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor, Álvaro Martín, aprecian en los encausados.

“Más allá de los implicados en los expedientes de concesión no existe prueba alguna que acredite el conocimiento de las irregularidades con relevancia penal por el resto de encausados. Esta parte no encuentra prueba de cargo alguna que permita afirmar que se ha implantado un procedimiento específico para la concesión de determinadas ayudas y/o subvenciones y con una finalidad ilegítima”, cita el texto de los letrados.