Diario Sur

Antonio Fernández. :: efe
Antonio Fernández. :: efe

La Fiscalía pide otros veinte años de cárcel al exconsejero Fernández

  • La inclusión de intrusos en los ERE de las empresas marcará que sean procesados o no los cargos que concedieron las ayudas

La gran madeja del 'caso de los ERE' se va desliando. Cuando en julio de 2015 la jueza María Núñez Bolaños se hizo con el juzgado 6 de Sevilla que hizo famoso su antecesora, Mercedes Alaya, tomó la decisión de contradecir a esta y dividir la macrocausa en diferentes piezas. La división implicó que habría unas diligencias por cada una de las ayudas a las más de 200 empresas señaladas en el sumario. Núñez pretendía que las primeras piezas sirvieran de modelo o doctrina a seguir en las sucesivas que fueran instruyéndose. Es lo que ha quedado claro esta semana, que no todas se medirán por el mismo patrón como pretendía Mercedes Alaya partiendo de la premisa de que las ayudas concedidas se hicieron por un procedimiento ilegal.

El juez de refuerzo, Álvaro Martín, ha cerrado la investigación de dos piezas, las de las empresas Surcolor y Acyco, por las que ha procesado a 16 personas en la primera y a 12 en la segunda. En ambas coinciden cinco exaltos cargos socialistas procesados que también figuran como tales en la pieza política,también cerrada por el mismo magistrado con 26 procesados, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán. Los cinco cargos son el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, su viceconsejero Agustín Barberá; y los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez.

La Fiscalía anticorrupción dio a conocer ayer las peticiones de condena para todos ellos por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en las ayudas concedidas a Surcolor y Acyco. El peor parado es el exconsejero Fernández, que suma la petición de 20 años de prisión y 44 de inhabilitación a los 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación que ya pidió el ministerio fiscal en la pieza política.

Los tres exdirectores generales citados, para los que se piden penas de seis a ocho años en cada una, figuran también como investigados en las diligencias sobre la ayuda a Azucareras Reunidas de Jaén, archivada este martes por la jueza titular, Núñez Bolaños. Se trataba como las de Acyco y Surcolor de subvenciones de la Junta (también del Ministerio de Trabajo) para un expediente de regulación de empleo (ERE) con prejubilaciones de 57 de sus empleados.

¿Qué las diferencia? Lo que salva a los excargos socialistas en este caso es que en el ERE de la azucarera de Linares no hubo intrusos, personas ajenas a la empresa coladas adrede en el listado de prejubilados para cobrar una paga mensual sin derecho a ella. Tanto en Acyco, que recibió de la Junta 3,2 millones de euros para despedir a 35 empleados, como en el de Surcolor, con otros 2,3 millones para extinguir 26 empleos, hubo dos intrusos en cada una de ellas. Núñez Bolaños subraya que el procedimiento es el mismo en todas, «pero más allá de esa coincidencia, la casuística es numerosa y dispar. Una correcta instrucción requiere de un análisis pormenorizado de cada una de las ayudas y una respuesta ajustada a derecho en cada caso y en relación con cada persona».