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La Ley de Agricultura multará la venta a pérdidas y obligará a donar excedentes

La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez.
La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez. / Efe
  • La compra de productos por debajo del precio de producción podrá ser sancionada con más de 800.000 euros si el perjuicio causado supera esta cifra

El Consejo de Gobierno andaluz dio ayer luz verde a una de las leyes estrellas de la legislatura, la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, cuyo anteproyecto aprobó ayer y se espera que entre en el parlamento en la primavera de 2017. La norma dará una nueva regulación a una actividad fundamental en la economía regional, pues cuenta con más de 240.000 explotaciones que suponen 250.000 puestos de trabajo y que contribuye al PIB andaluz con más de 9.200 millones de euros de valor añadido. Es decir, el 8% del PIB andaluz y el 10% del empleo, incluyendo una potente industria y un pujante sector exportador.

El avance dado a conocer ayer por la consejera, Carmen Ortiz, destacó dos cuestiones: las medidas contra las ventas a pérdidas, unas prácticas comerciales que preocupan sobre todo al sector del olivar, y la regulación de los excedentes alimentarios para evitar las escandalosas cifras que comida en buen estado que va a la basura.

Respecto al primer asunto, la Junta ha decidido incluir en la ley un aumento de sus competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria. La compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que realice un mayorista o cadena de distribución, «abusando de su posición dominante» será infracción muy grave, con multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que se incrementarán si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras. Se incorporan controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador. Las sanciones podrán ser publicadas en caso de riesgo o daño para los intereses económicos del sector

Como infracciones muy graves se tipifican también las amenazas y agresiones a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que por primera vez tendrán consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Se creará el Foro de la Cadena Agroalimentaria, integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución, que elaborará códigos de buenas prácticas sobre la materia.

Habrá nuevas medidas en materia de seguridad y calidad agroalimentaria: los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas para facilitar su seguimiento y control de trazabilidad, así como para contribuir a evitar robos y fraude. Los operadores estarán legalmente obligados a comunicar todos aquellos fraudes, falsificaciones y adulteraciones que detecten y a retirar del mercado los productos que no cumplan en materia de calidad.

Excedentes

En cuanto a los excedentes alimentarios, la ley introduce medidas para aprovecharlos, destinándolo a fines sociales, tanto donaciones a ONG como a compostaje o reutilización, para lo que obligará a industrias y establecimientos.

El texto define un amplio grupo de explotaciones de atención preferente para la aplicación de incentivos . Suma a las prioritarias las familiares que cumplan determinados requisitos , entre ellas que sean de mujeres o jóvenes, de producción ecológica o zonas protegidas, y las de reducidas dimensiones pero orientadas a la gestión en común.