Diario Sur

El conseguidor de ERE Juan Lanzas al ir a declarar el juzgado en 2014. :: Juan Carlos Rangel
El conseguidor de ERE Juan Lanzas al ir a declarar el juzgado en 2014. :: Juan Carlos Rangel

El juez del 'caso ERE' rechaza conceder más tiempo al PP para acusar a Chaves y Griñán

  • Álvaro Martín cierra otra pieza del caso en la que procesa a seis excargos socialistas y por primera vez al 'conseguidor'Juan Lanzas

El juez de refuerzo del 'caso ERE' Álvaro Martín rechaza la petición del PP de que se le conceda más tiempo para presentar su escrito de acusación en la pieza política del 'caso de los ERE', en la que están procesados 26 excargos socialistas, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juez ya amplió el plazo hasta el 15 de este mes, pero al ser sábado, no será hasta el lunes día 17 el último fijado para la entrega.

De las partes personadas como acusación, solo la Fiscalía ha presentado el escrito en el juzgado 6 de Sevilla, en el que solicita penas de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y diez años de inhabilitación a Chaves por el de prevaricación. Además del PP, personado como acusación popular, falta también que se conozcan las acusaciones de Manos Limpias y de la Junta de Andalucía.

La no ampliación del plazo puede provocar una situación paradójica. El PP tendrá que desvelar las peticiones para los expresidentes socialistas y otros cargos de este partido en plena negociación para la formación de gobierno con la gestora del PSOE. No es previsible que antes del día 17, cuando expira el plazo, se celebre el comité director del PSOE en el que se lleve a votación la abstención para permitir la investidura de Mariano Rajoy. El PP ha intentado retrasar la entrega con argumentos que el magistrado rechaza de plano. Los letrados de este partido, pidieron más tiempo para cotejar información requerida a la Junta. También dijeron que no disponen de las actuaciones judiciales ya foliadas y solicitaron las declaraciones en forma audiovisual para interpretar el lenguaje no verbal de los declarantes.

El magistrado no les ha dado la razón en nada. Responde que no hace falta más documentación y que aún tienen tiempo los letrados de recabar otros datos como medio de prueba en la fase de enjuiciamiento. Les recuerda que las actuaciones judiciales foliadas obran en su poder desde el 28 de julio pasado, dos semanas antes de que expirase el primer plazo de entrega del escrito de acusación. Por último, considera que no es de «especial trascendencia» las cintas de vídeo de las declaraciones de los procesados cuando ya tienen en su poder las de audio y añade que pueden reclamarlas en la fase de juicio.

Tercera pieza

El magistrado Álvaro Martín ha cerrado la tercera pieza del 'caso ERE', esta referida a las ayudas a la empresa sevillana Surcolor. Por primera vez aparece procesado el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, considerado el 'conseguidor' en el caso y de quien la jueza Mercedes Alaya, primera instructora, le atribuyó una fortuna superior a 13 millones de euros a cuenta de las 'mordidas' a las empresas para que estas consiguieran ayudas sociolaborales y a los intrusos para figurar en los ERE sin haber trabajado nunca en ellas. Lanzas y su esposa figuraron como intrusos en el ERE de Hitemasa (antigua Intelhorce).

En esta pieza de Surcolor, junto a Lanzas el juez procesa a otras 15 personas, seis de ellas exaltos cargos de la Junta de Andalucía, por la ayuda de 2,3 millones de euros concedidos entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos.

En el listado de beneficiarios de prejubilaciones figuraron dos intrusos: Juan Manuel López, militante del PSOE y marido de una concejala socialista de Camas (Sevilla), con una mensualidad de 1.200 euros; y José Antonio Márquez, concuñado del delegado de Empleo Antonio Rivas, con una asignación de 1.300 euros mensuales. Lanzas cobró una comisión de 118.752 euros a través de su testaferro Juan Francisco Algarín, también encausado. En el auto, el juez Martín estima que concurre «una pluralidad de autoridades o funcionarios que han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos».

Entre los excargos procesados están el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el viceconsejero Agustín Barberá; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, y al exdelegado en Sevilla Antonio Rivas. Los cinco primeros ya están procesados en la pieza política del caso y el fiscal les pide ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación.

El magistrado reprocha a los imputados que dictaran «resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones». Figuran también procesados los siguientes: Los directivos de la empresa Manuel Rafael Castilla y Antonio Manuel Bustamante; el abogado Carlos Leal del despacho Estudios Jurídicos Villasís, que recibió 20.000 euros como gestor de los despidos; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo por participar en la gestión de la póliza de seguro firmada y el sindicalista José Hurtado.