Diario Sur

El TC ratifica que las autonomías prioricen el pago a las entidades locales

  • El Constitucional rechaza el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra Ley Financiación Autonómica 2015

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de la Junta andaluza contra la ley de Financiación Autonómica 2015, que prevé que se tomen recursos de las comunidades autónomas para saldar deudas con las entidades locales. Fuentes de la Consejería de Hacienda restaron importancia al fallo que, aseguraron, no tiene efectos prácticos, a pesar de que había sido recurrido por el Gobierno autonómico.

El alto tribunal, en una sentencia que recoge la agencia Efe, sentencia que la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, que modifica la ley de financiación de las comunidades autónomas, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no vulneran el principio de autonomía financiera y de gestión. Tampoco daña «los principios de lealtad institucional y de cooperación en materia financiera».

La Junta defendía que la norma recurrida impone a las Comunidades Autónomas una prioridad en el destino de los recursos en beneficio de las entidades locales que vulnera la autonomía financiera de las regiones. Por ello otorga, según la Junta, una prioridad «indebida» a este pago sobre las demás obligaciones autonómicas y vulnera el principio de suficiencia financiera.

También consideraba que el mecanismo previsto es unilateral a favor del Gobierno central y adelanta a las entidades locales como acreedoras frente a otros que pudieran tener también el derecho a cobrar de manera prioritaria.

El TC responde que «la deuda que en su caso debiera ser abonada por el Estado mediante el mecanismo de retención responde a un gasto que ya ha sido decidido de antemano, en concreto, en virtud de transferencias y convenios suscritos en materia de gasto social, por parte de las Comunidades Autónomas con las entidades locales acreedoras».

Por eso, la ley recurrida no vulnera la autonomía financiera, ni tampoco la suficiencia, dado que «la eventual detracción de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores no minora los recursos disponibles del sistema de financiación».

Además, el Gobierno andaluz también recurrió la disposición final decimosexta, que habilita a la Administración central para modificar por orden ministerial lo dispuesto en la Ley General de Sanidad sobre delimitación del gasto farmacéutico hospitalario y en productos farmacéuticos y sanitarios. El Constitucional también rechaza esta parte del recurso.