Diario Sur

Antonio Fernández. :: sur
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Seis ex altos cargos, procesados en el primer juicio de los ERE a empresas

  • En el expediente de ayuda a Acyco entraron dos intrusos y también se imputa a un abogado y a los directivos de la aseguradora

El juez Álvaro Martín, magistrado de apoyo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, ha dado por concluida la primera pieza del caso de los ERE, en las ayudas a empresa, y ha dictado el procesamiento de doce personas, entre ellos dos exviceconsejeros de Trabajo y cuatro ex directores generales. El caso se refiere a las ayudas por 3,2 millones de euros aprobados en 2003 a Aceitunas y Conservas S.A.L. (Acyco), radicada en Dos Hermanas (Sevilla).

El auto del juez Martín describe como una pieza-tipo del 'modus operandi' del presunto fraude en las ayudas a empresas y aprecia la posible existencia de los delitos continuados de prevaricación y malversación.

Entre los doce procesados, seis están incluidos en la pieza política de los ERE, entre ellos los exviceconsejeros Antonio Fernández, que luego fue consejero de Empleo, y Agustín Barberá y cuatro ex directores generales, entre ellos Francisco Javier Guerrero, pero también un abogado del bufete de Garrigues y directivos de la aseguradora Vitalia.

Quedan fuera de la causa cinco investigados, entre ellos tres exdirectores de Finanzas de IFA/IDEA, pagadora de las ayudas.

En el ERE se aprecian dos intrusos, un amigo de la infancia de Guerrero, incluido por éste en la lista de beneficiarios de la ayuda pese a que nunca trabajó en la empresa, y la propia directora de la compañía, que no extiguió su relación laboral. uno de los intrusos cobraría 104.885 euros y el otro 120.200 euros, a razón de 1.200 euros y 947 euros al mes. Según el auto, la investigación de esta ayuda demuestra que «autoridades o funcionarios han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos».

El proceso comenzó en julio de 2003, cuando la empresa aceitunera presentó un ERE para extinguir 35 de sus 161 contratos, para lo que se optó por la prejubilación y se articuló una póliza de renta colectiva. Además, en 2010 se le concedió a Acyco una ayuda excepcional de 109.620 euros para mantener 144 empleos a pesar de que la empresa solo tenía 107, cantidad que fue la que le debía la compañía al despacho de abogados mediador.

El juez acusa a Fernández de conocer la existencia de intrusos y de conceder la ayuda «sin que mediara solicitud de ayuda por parte de la empresa y con total ausencia del procedimiento».