Diario Sur

La Junta no podrá contratar servicios con personas condenadas por acoso sexual

Una trabajadora del 061, en la protesta que protagonizó junto a otras compañeras el pasado jueves en la sesión de control a la presidenta, Susana Díaz. :: Julio Muñoz / Efe
Una trabajadora del 061, en la protesta que protagonizó junto a otras compañeras el pasado jueves en la sesión de control a la presidenta, Susana Díaz. :: Julio Muñoz / Efe
  • La guía de cláusulas sociales entregada a sindicatos y patronal no alude de forma expresa a la corrupción

La presidenta, Susana Díaz, anunció este pasado jueves que la prometida guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de contratación de la Junta de Andalucía con empresas concesionarias de servicios públicos tendrá rango de decreto y no de ley y estará aprobada en varias semanas. No era la primera vez que Díaz prometía esa guía para garantizar la transparencia y que las condiciones de los empleados de las empresas que contraten servicios con la administración autonómica sean dignas. De hecho en mayo se comprometió a que estaría aprobada en julio para que entrara en vigor en el segundo semestre del año, pero lo que hay es solo un borrador. La Consejería de Hacienda y Administración Pública entregó en junio este texto a los agentes sociales para su negociación. La presidenta insistió en el debate con la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, quien le reprochó la tardanza de la guía -«parece que la está haciendo a punto de cruz», le dijo- que el texto definitivo será resultado del consenso con sindicatos y empresarios.

En el documento entregado a los agentes sociales, el Gobierno andaluz establece en el apartado de cláusulas que no puntúan, es decir, que son de obligado cumplimiento, la prohibición de contratar, en todo tipo de contratos, con aquellas personas físicas o jurídicas con sanciones de infracciones graves en materia laboral, medioambiental y social.

Alude de forma expresa al acoso sexual «cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial». En caso de empresas que contraten servicios en el ámbito de menores, la exigencia de no estar condenado por acoso sexual se extiende también a los empleados.

El texto, sin embargo, no hace alusión explícita a la prohibición de contratar con personas físicas o jurídicas con condenas en materia de asociación ilícita, tráfico de influencias, fraudes, malversaciones o financiación ilegal de partidos políticos, relacionadas muchas veces con fondos públicos. Unas cláusulas que sí incluyen guías similares aprobadas en la Comunidad valenciana, donde, como en Andalucía, hay abiertos varios procesos judiciales de corrupción. En Andalucía son muchas las empresas investigadas en los casos de cursos de formación, ERE e Invercaria.

Paraísos fiscales

Sí puede entenderse una alusión en este aspecto lo que recoge la guía en las condiciones especiales de ejecución, en las que fija la exigencia de transparencia fiscal. En este apartado destaca la prohibición expresa de la «utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de empresas filiales».

El borrador facilitado por la Junta a los agentes al que ha tenido acceso este periódico consta de 67 páginas y hace hincapié en cláusulas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y favorecer la inserción laboral de colectivos desfavorecidos, especialmente las personas con discapacidad. Muchas de estas cláusulas ya vienen recogidas en leyes o decretos de las consejerías relacionadas con políticas sociales. Solo que en el decreto-guía aparecerán de forma explícita y global.

La guía recuerda que la ley estatal obliga a que empresas con más de 50 trabajadores incluyan un 2% al menos de personas con discapacidad en sus plantillas, mientras que las compañías con más de 250 empleados deberán aplicar un plan de igualdad, con garantías de seguimiento y control de que se haga. Si las empresas aspirantes a contratos con la Junta no certifican ambas exigencias, serán excluidas de la licitación. La Junta aplicará, en caso de empate de las ofertas, preferencias por aquellas compañías que acrediten el empleo del mayor número de personas con discapacidad o certificados de excelencia en materia de igualdad y calidad y gestión medioambiental. También tendrán ventaja las cooperativas.

La expectación por esta guía de cláusulas sociales surge por la protesta de empleados de empresas concesionarias de servicios públicos de la Junta que denuncian malos sueldos y condiciones laborales, entre ellos los teleoperadores de los servicios de emergencias 061, 112 y Salud Responde.

Su situación laboral, contratados por el convenio de vendedores por teléfono, ha llegado al Parlamento en varias ocasiones. La oposición, a instancia de Podemos y luego de IU, ha aprobado varias proposiciones no de ley (PNL) para instar a la Junta a rescindir contrato con las empresas concesionarias y asumir este servicio, dado que los teleoperadores son las primeras personas que atienden a enfermos graves cuando piden auxilio desde sus domicilios y deben saber cómo prestar este servicio hasta que llega la ambulancia o le ponen en contacto con la policía.

El PSOE se opone porque cree que es una artimaña de los sindicatos para que los empleados entren a la Junta sin oposiciones. La presidenta, Susana Díaz, reiteró una vez más el pasado jueves a Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo que contaran la verdad a los trabajadores, ya que si el servicio era asumido por la Junta, ellos podrían ir al paro, al tener que cumplirse la ley de oferta de empleo público y tener que presentarse en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes.

El coordinador de IU expuso la realidad de los teleoperadores contratados por Ilunion, la empresa concesionaria del servicio de emergencias o 061 en Andalucía. Según Maíllo, los adscritos al 061 son 267 en Andalucía. Si todos estuvieran a jornada completa (algo que no es tal, ya que la mayoría lo está a tiempo parcial) el coste para la empresa sería de 5.573.492,30 euros. El pasado 4 de agosto Emergencias Sanitarias o 061 (dependiente de la Consejería de Salud) sacó a concurso la licitación del servicio por 19.427.760 euros. Según Maíllo, la cuenta es sencilla, el beneficio para la empresa es de 13.854.267 euros.

Según las denuncias de CGT, Podemos e IU, esta concesionaria tiene un largo historial de sanciones por la Inspección de Trabajo por no respetar el convenio y los derechos de sus trabajadores, como vacaciones o descanso y la conciliación familiar, entre otros, y también ha sido sancionada por la Agencia de Protección de Datos.

Según la guía de cláusulas sociales en ciernes, con tales antecedentes esta empresa quedaría fuera del proceso de licitación para prestar de nuevo el servicio e incluso se le podría haber rescindido el actual contrato. Entre las condiciones especiales de ejecución, el borrador incluye que las personas licitadoras deberán facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen a los trabajadores, y se les exigirá que los sueldos y condiciones laborales se ajusten como poco al convenio colectivo aplicable. «El incumplimiento de tales condiciones es causa de resolución del contrato». Añade la norma que igual exigencia habrá a la concesionaria sobre empresas que subcontrate.

Registro de delitos sexuales

La norma que prepara la Junta también incluye otros requisitos que impediría en teoría los malos sueldos a los trabajadores, como denuncian los sindicatos CGT y CSIF. Hay cláusulas que advierten de ofertas «anormalmente bajas» en la fase de adjudicación. «Se considerará que la proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivados de los convenios colectivos aplicables», dice el texto.

El documento hace hincapié en las cláusulas de contratos de servicios relacionados con menores. En este apartado recoge la legislación nueva para exigir a las personas contratistas que presenten una certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales respecto del personal que tenga contacto habitual con menores en la ejecución del trabajo. Esta certificación deberá acreditar que no ha sido condenado con sentencia firme por agresión, abuso o acoso sexual, exhibicionismo y provocación, prostitución y explotación sexual, corrupción de menores o trata de blancas. Este requisito, ya aplicado por la Consejería de Educación y de Igualdad y Política Social en sus contratos, afecta no solo a profesores y monitores, sino a cualquier empleado, desde comedores a limpieza de colegios.