Diario Sur

Un perito atribuye el fraude de Delphi a «compromisos políticos» del Gobierno andaluz

La investigación judicial sobre los cursos de formación impartidos en Delphi, dentro de un sistema de ayudas puesto en marcha con motivo del cierre de esta planta, puede dar quebraderos de cabeza a la Junta de Andalucía. Ayer el inspector de Trabajo y Seguridad Social Carlos Uruburu ratificó ante la jueza María Núñez Bolaños el informe que emitió en 2014 y en que señala que el sistema de ayudas directas por el cierre de la planta, situada en Puerto Real (Cádiz), que dejó a más de 1.900 personas en la calle, constituyó una «simulación de relaciones laborales» que incumplía la «normativa específica», para «dar cumplimiento a los compromisos políticos» del Gobierno andaluz.

El perito declaró dentro de la pieza separada sobre el entramado empresarial del exconsejero Ángel Ojeda, que recibió cursos por importe de 33,3 millones de euros. En su declaración , de la que da cuenta Efe, dijo que las subvenciones de la Junta eran «ilegales» porque no cumplían los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

También apuntó al exconsejero andaluz Antonio Fernández, imputado en la causa, que acordó con las empresas que participaron en el plan hacer una «simulación de contratos» porque sabía que no se daría trabajo a los que participaran en los cursos, lo que provocó un fraude en la Seguridad Social. La participación de los ex trabajadores en esos cursos «fue revestida con la apariencia de una relación laboral, cuya simulación tenía como finalidad dar cobertura legal» al pago de una retribución a los afectados con cargo a la subvención y al ingreso de sus cotizaciones a la Seguridad Social y se dio «cobertura ilegal» a algunos desempleados, discriminando a otros parados, y dando a algunos «sobresueldos ilegales».