Diario Sur

PSOE y C's rechazan la ley de Podemos para crear una oficina anticorrupción

El Parlamento andaluz rechazó ayer con los votos de PSOE y Ciudadanos la proposición de ley de Podemos para la creación de una oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, que contó con la abstención del PP y el respaldo de Izquierda Unida. Los votos fueron insuficientes para que se aprobara una iniciativa legal que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, prometió en su discurso de investidura en junio del pasado año y que está incluida en el pacto con Ciudadanos.

El portavoz de este partido, Juan Marín, apeló a este acuerdo con el PSOE para justificar el voto en contra. Marín aseguró que la norma pactada con los socialistas está casi terminada de elaborar para llevarla a la Cámara en breve. El diputado socialista Jesús María Ruiz reiteró lo dicho por Marín, pero tampoco puso fecha.

Aun así llegaría tarde. Díaz se comprometió en una sesión de control de febrero a que la norma para poner en marcha una oficina contra el fraude fiscal y la corrupción económica estaría antes de julio en el Parlamento. Un compromiso que adquirió a preguntas de Marín. Díaz dijo que dicha oficina tendría como objetivo un «control riguroso» de los fondos públicos y con facultades de investigación e inspección.

El diputado de Podemos que ha defendido la ley, Ignacio Moreno Yagüe, recordó este compromiso de la presidenta y lamentó que los socialistas no respaldaran una iniciativa calcada de la que el Gobierno de Valencia (PSOE-Compromís) ha llevado a su cámara autonómica. El diputado de IU José Antonio Castró abundó en la contradicción del ejecutivo socialista. «¿Para qué Susana Díaz se sube a la tribuna y lo promete, cómo se puede decir una cosa y la contraria?», se preguntó. La norma rechazada propone que la oficina dependa del Parlamento para garantizar su independencia, estaría compuesta por 60 funcionarios y tendría capacidad fiscalizadora y también sancionadora para aquellas personas o entidades que nieguen la colaboración en investigaciones o dificulten la aplicación de recomendaciones. También protegería a los denunciantes.

El diputado del PP José Antonio Miranda justificó la abstención porque hay cosas que le gustan de la norma y otras que no. El PP, recordó, defiende para una mejor lucha contra la corrupción que se incremente el número de interventores en la Junta y se amplíen competencias a la Cámara de Cuentas. Esta, de hecho, es el órgano fiscalizador de las administraciones públicas andaluzas, y depende del Parlamento.