Diario Sur

El PP pide responsabilidad política a Susana Díaz en sus conclusiones de la formación

Miguel Ángel Torrico y Teresa Ruiz-Sillero. :: sur
Miguel Ángel Torrico y Teresa Ruiz-Sillero. :: sur
  • También señala a los expresidentes Chaves y Griñán y a los actuales consejeros Maldonado y Montero en un listado de 35 cargos socialistas

El PP eleva hasta Susana Díaz las responsabilidades políticas en sus conclusiones para el dictamen de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía en torno a las irregularidades y desvíos detectados en las subvenciones autonómicas para la formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad. Junto a Susana Díaz, el PP incluye a otros 34 cargos o excargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán, los actuales consejeros del Gobierno socialista José Sánchez Maldonado (Empleo e Industria) y María Jesús Montero (Hacienda y Administración Pública)y el exconsejero de Educación Luciano Alonso.

La Junta de Andalucía dejó de convocar cursos de formación en 2012, antes de que Díaz fuera presidenta (fue elegida por el Parlamento por primera vez en septiembre de 2013). Los portavoces del PP en la comisión, Teresa Ruiz Sillero y Miguel Ángel Torrico, negaron que la petición de responsabilidades a Díaz esté vinculada al actual bloqueo del PSOE para la investidura de Mariano Rajoy o al hecho de que la política andaluza haya instado al candidato popular a marcharse «por el bien del país». Recuerdan que llevan meses trabajando en esta línea y que la investigación abarca la fiscalización de las ayudas hasta la actualidad.

Los diputados razonan la petición de responsabilidad política a la presidenta en más de 15 «hechos probados» que le atribuyen, entre ellos por la «falta de colaboración» con trabas al acceso de documentación a los comisionados; su paralización de convocatorias para cursos, lo que ha supuesto que la Junta tuviera que revertir al Estado 800 millones de euros (este mes ha salido una convocatoria después de cinco años); la devolución de 46 millones de euros de fondos europeos destinados a cursos por las sospechas de irregularidades, según han añadido.

También anotan «su participación activa» como miembro de la ejecutiva regional en la recepción de fondos de la formación para el PSOE-A «a través de los alquileres de las sedes con UGT; «su conocimiento» cuando en 2010 dimitió el entonces número dos del PSOE-A Rafael Velasco de las «irregularidades» en los cursos gestionados por una empresa de su mujer; y, por último, vinculan el que familiares de la presidenta (entre ellos su marido, José María Moriche) trabajaran en entidades de UGT en cursos de formación a decisiones políticas como la paralización del programa de la formación, además de acusarla de mentir sobre ello. Susana Díaz, en su comparecencia en la comisión en mayo, recordó que cuando su marido trabajó en cursos de UGT ella no ocupaba cargo en la Junta y mostró las nóminas, de no más de mil euros mensuales. «Me he casado con un tieso», llegó a decir.

El PP es el primer partido en dar a conocer las conclusiones de una comisión que echó a andar en noviembre del pasado año y que ha contado con 66 comparecientes de los 69 convocados que han producido 4.130 páginas de declaraciones. Los comisionados han analizado 1.148 expedientes de ayudas para cursos desde 2002 hasta la actualidad, 2.900 millones de euros concedidos, de los que la Junta pide el reintegro de 90 millones por irregularidades, de los que solo ha recuperado 7,6 millones, un 1,4% de la cantidad pendiente de justificar.

El plazo para entregar las conclusiones expira hoy a las siete de la tarde, si bien hay una reunión prevista de la comisión para decidir si ampliar o no el periodo a petición de Podemos e Izquierda Unida. Una vez registradas todas las propuestas, el presidente de la comisión, Julio Díaz, deberá hacer un dictamen recogiendo iniciativas de los cinco grupos, para lo que estos se tendrían que poner de acuerdo, por ejemplo, en la petición de responsabilidades políticas. Para que el PP logre que el dictamen final incluya la petición de responsabilidades a Díaz, Montero y Maldonado, necesita de los votos de Podemos y Ciudadanos.

Pide valentía a los partidos

Este último partido, pese a haber inaugurado una etapa de entendimiento con el PP, reveló a este periódico hace dos semanas que no estaba entre sus intenciones pedir responsabilidades políticas a Susana Díaz, por lo que el PP podría no ver satisfecho su objetivo de que el Parlamento censurase a la presidenta.

En previsión de que esto ocurra, Teresa Ruiz Sillero ha recordado la comisión de investigación del 'caso de los ERE', cuando su partido reclamó responsabilidad política a Chaves y Griñán y no salió adelante porque sumaron mayoría PSOE e IU, entonces, año 2012, socios de gobierno. «El tiempo nos ha dado la razón», subrayó Ruiz Sillero, en alusión el escrito de la Fiscalía conocido esta semana en el que pide cárcel para Griñán e inhabilitación para Chaves por el 'caso ERE'. La diputada ha pedido «reflexión» al PSOE y «valentía» al resto de partidos a la hora de las conclusiones.

«Ha sido una comisión útil», ha valorado Migue Ángel Torrico, aunque el PP mantiene su queja de que no toda la documentación, incluyendo la de la Faffe, ha llegado. El PP no dio ayer todos los nombres de los 35 cargos a los que pide responsabilidades. Además de los citados, mencionó solo a tres exconsejeros de Empleo (José Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila); Dijo, sin desvelar nombres, que en la lista hay ocho viceconsejeros de Empleo y gerentes del SAE; seis directores generales de Formación Profesional; un director general de la extinta Faffe; y diez delegados provinciales de Empleo con competencia en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Paralelismo con los ERE

En 156 folios de un centenar y pico de conclusiones, el PP insiste en que hay hechos «más que evidentes que demuestran la responsabilidad política de la Junta de Andalucía y la pérdida de dinero público». El documento, según Ruiz Sillero, incide en que hay un «esquema paralelo» entre «la corrupción de los ERE» y «el fraude» de los cursos de formación, como por ejemplo en la «red clientelar» de ayudas a ayuntamientos socialistas o entidades vinculadas al PSOE.

La diputada llegó a comparar a Griñán con la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero, al acusarla de no atender las advertencias de actuación de los interventores como en su día, según el juez, tampoco hizo el expresidente siendo consejero de Hacienda sobre las alertas de los ERE.