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Susana Díaz, en primer plano al comienzo del consejo de gobierno.
La Junta de Andalucía da luz verde a la ley de derechos de personas con discapacidad

La Junta de Andalucía da luz verde a la ley de derechos de personas con discapacidad

La nueva norma, entre otras medidas, asegurará a las 700.000 personas de este colectivo reservas en plazas de formación y empleo

efe

Viernes, 26 de agosto 2016, 16:23

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El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, que "consolidará" las políticas dirigidas a más 700.000 personas a las que, entre otras medidas, asegurará reservas en plazas de formación y empleo en la administración.

La norma, que cuenta con una memoria económica que supera los 1.300 millones de euros al año, ha confirmado la consejera de Políticas Sociales e Igualdad, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El proyecto normativo "refuerza las medidas y obligaciones" para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades, un proyecto, que será remitido al Parlamento Andaluz de forma inminente.

La consejera ha detallado que este colectivo tiene una tasa de actividad "baja", del 34,6 por ciento, lo que significa que muchas de estas personas "han tirado la toalla" para acceder al empleo.

El proyecto de ley prevé en el ámbito formativo y del empleo el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3 % del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación para el empleo de la Junta.

Esta cifra se eleva al 5 % en el Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, aunque prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad con medidas específicas tanto en el ámbito público como en el privado con un enfoque de género.

Otra de las novedades, según Sánchez Rubio, es la fijación de una reserva del 5% del importe anual de toda la contratación pública de la Junta a favor de los centros especiales de empleo (empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad).

En esta línea, se introduce una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas que tengan un mayor número de personas con discapacidad en la contratación

En la futura ley se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas y se considera el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y niñas de este colectivo, por lo que establece medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género.

De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud, lo que actualiza un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador.

Perros de asistencia

Igualmente novedoso es el reconocimiento del uso de los perros de asistencia adiestrados para el acompañamiento de estas personas, una categoría que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento.

Respecto a las medidas para favorecer la movilidad, también se concederá la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad a vehículos de transporte colectivo.

Garantizar la vida independiente y la accesibilidad universal es otro de los objetivos de la nueva ley que obligará a la Administración autonómica a incluir en su regulación sobre la materia todos los entornos físicos, incluidos bienes, productos y servicios, para permitir su uso por el mayor número de personas con independencia de cuáles sean sus capacidades.

Además de reconocer el derecho de las personas en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente, la futura ley obligará a obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal.

En el apartado de vivienda, se consolida la reserva de un 4 % de las protegidas para personas con discapacidad y regula la figura de las 'viviendas convertibles' para facilitar la adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades.

Las personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas.

También mantendrá la posibilidad de que la Junta otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.

En cuanto al régimen sancionador, contempla multas que van desde 301 euros a un millón dependiendo de las infracciones.

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