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La presidenta de la Junta, Susana Díaz. :: efe
Susana Díaz acusa a Fernández Díaz de montar «una farsa» con los cursos para «arañar votos»

Susana Díaz acusa a Fernández Díaz de montar «una farsa» con los cursos para «arañar votos»

El PSOE pasa al ataque contra el PP en el caso de los cursos y cambia la estrategia que tuvo con el de los ERE

MARÍA DOLORES TORTOSA

Viernes, 1 de julio 2016, 01:25

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Durante la campaña electoral hubo insinuaciones más o menos veladas, pero ayer Susana Díaz pasó a la acusación política sin retórica. La presidenta de la Junta acusó al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y a su partido, el PP, de urdir «una farsa» sobre un supuesto fraude masivo en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía para perjudicarla y «arañar votos».

La presidenta andaluza recrimina al PP y al «equipo del superministro del Interior» de haber montado «un escándalo» sobre una cuestión que se está desinflando en los tribunales. «Los tribunales están poniendo las cosas en su sitio y demostrando que no estamos ante el gran fraude que intentó montar el superministro de Interior un miércoles santo diciendo que se trataba de miles de millones», manifestó Díaz ayer en el programa de 'Ana Rosa' de Telecinco.

Las declaraciones se producen después de que la comisión de investigación del Parlamento andaluz (con los votos de PSOE, Ciudadanos e IU) haya decidido no ampliar las comparecencias y dar hasta septiembre de plazo a los grupos para presentar conclusiones a la Cámara. El PP ha criticado con dureza la votación.

La presidenta alude sin especificar a la investigación y redadas con numerosas detenciones por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía días antes de las elecciones andaluzas de marzo de 2015 y días después, en plena Semana Santa. Desde el Ministerio del Interior se difundió el dato de que se trataba de un fraude masivo, dando la cifra de más de dos mil millones de euros, mientras la policía señalaba a la Junta de Andalucía como responsable en un duro informe que promovió la apertura de una decena de investigaciones judiciales en las ocho provincias andaluzas y más de un centenar de investigados, entre ellos exdelegados de Empleo de las ocho provincias y altos funcionarios. Algunos pasaron dos días en los calabozos y fueron puestos en libertad sin medidas cautelares.

La jueza Carmen Ballesteros de Jaén ha sido la primera en archivar diligencias contra catorce cargos de la Junta al entender que esta cumplió con lo establecido tanto en la entrega como en el control de las ayudas, eximiendo así a sus responsables de la posible pillería de algunas entidades o empresas en el fraude de las subvenciones. El juzgado 6 de Sevilla también podría archivar la causa contra 24 cargos socialistas, según se filtró en plena campaña electoral.

El PSOE ha lamentado que la Policía haya incidido especialmente en la investigación del posible fraude de los cursos solo en Andalucía cundo se han destapado irregularidades en otras comunidades. «Qué casualidad, en Madrid, Galicia o Castilla-León (donde gobierna el PP) se había defraudado a la administración, pero en Andalucía eran los funcionarios», ironizó ayer la presidenta andaluza en el programa 'Ana Rosa' de Telecinco. La presidenta acusó al PP de «difamar» y montar el «escándalo» de los cursos solo «para arañar votos». El PP utilizó la investigación de los cursos de formación como tralla electoral contra Susana Díaz durante la campaña, con noticias sobre sus familiares que trabajaron en cursos de UGT, incluido su marido.

El PSOE y Díaz pasan así a la ofensiva contra el PP en el caso de los cursos de formación, estrategia distinta a la que tuvieron en el de los ERE fraudulentos. La dirigente andaluza, no obstante, hizo una diferenciación ayer sobre ambos casos, al admitir que en el de las ayudas sociolaborales sí hubo menoscabo de fondos públicos y fraude.

Sobre la concesión de las ayudas a los cursos solo reconoce que pudo «tener deficiencias, no digo que no», corregidas ahora, añade, por su Gobierno. En el de los ERE admite «un coste económico con daño a la administración, con algo doloroso como el dinero de las prejubilaciones, y daño a los prejubilados que habían trabajado». Recordó además que dimitió el presidente José Antonio Griñán para asumir responsabilidades políticas.

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