Andalucía pierde la guerra por las ayudas asociadas de la PAC

La propuesta presentada por la Consejería andaluza de Agricultura para la reforma de las ayudas acopladas de la Política Agrícola Común (PAC) fue tumbada ayer en la conferencia sectorial con los votos en contra de las comunidades autónomas, entre ellas las que tiene gobierno socialista. La derrota de la iniciativa, que suponía aportar unos 40 millones de euros sobre todo para los sectores del olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro, sectores estratégicos y de mayor dificultad, era previsible, puesto que se computaba sobre la bolsa de ayudas a repartir entre las regiones, es decir que afectaría a la asignación a las demás autonomías, pero la consejera, Carmen Ortiz, culpó al Ministerio del rechazo y de haber presentado datos que no se ajustaban a la realidad, en los que Andalucía aparecía como más favorecida.

Además, la tardanza en convocar la sectorial, un día antes del plazo acordado para presentar ante Bruselas el nuevo reparto, el 1 de julio, impide presentar a la UE una modificación del reparto que diera tiempo a debatir y estudiar y esa falta de tiempo fue alegada por el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, como causa del rechazo. El 1 de agosto expira el plazo dado por la UE para comunicar la propuesta de revisión.

Sin embargo, Carmen Ortiz acusó al Ministerio de «poca o ninguna sensibilidad» con su petición, porque ni siquiera trasladó a los demás consejeros la propuesta financiera elaborada por la Junta para reajustar las ayudas. «Ha puesto sobre la mesa unos ejemplos con unos cálculos que no son los nuestros y en los que todas las comunidades autónomas perdían, por lo que no ha ayudado en nada a que se respalde nuestra petición», en vez de mantenerse neutral «y jugar un papel de árbitro».

La Junta consideraba que su prepuesta no iba contra ningún ni territorio y que podía financiarse, manteniendo todos los sectores para los que se establecieron ayudas asociadas en 2014, a través del mecanismo de modulación, de modo que los incentivos son mayores en las primeras hectáreas o cabezas de ganado y se van reduciendo según se incremente la dimensión de la explotación. Esta alternativa, que pretende favorecer a los agricultores y ganaderos con pequeñas explotaciones, se establece de forma explícita en el reglamento comunitario.

Pero no fue entendido así por las demás regiones. Galicia, por ejemplo, consideró que la propuesta beneficiaba a las grandes explotaciones y que «perdíamos simplemente en acoplada alrededor de ocho millones de euros, una barbaridad que no podíamos permitir», según recoge Europa Press. Castilla La Mancha y Extremadura dijeron apoyar algunos extremos de la propuesta andaluza, pero los encomendaron a una reforma futura de las ayudas, para el próximo marco comunitario.

El secretario general de Agricultura declaró a su vez que las comunidades han planteado la posibilidad de incorporar algún tipo de ayudas, como las incluidas en los programas de desarrollo rural, para aquellos sectores que la comunidad andaluza entienda que necesitan un apoyo adicional y dijo que la ministra sugirió crear un grupo de trabajo, que las comunidades rechazaron. Sin embargo, Carmen Ortiz aseguró que el rechazo de este grupo de estudio, solicitado por ella, fue decisión del Ministerio arguyendo falta de tiempo e insistió en que Andalucía es la única que ha hecho su trabajo para mejorar las ayudas a su agricultura.