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La formación profesional para el empleo, pendiente aún de la convocatoria de los cursos

La formación profesional para el empleo, pendiente aún de la convocatoria de los cursos

El BOJA publica las bases reguladoras para ocupados y desocupados, escuelas taller y casas de oficio, que extrema los controles

Lalia González

Miércoles, 8 de junio 2016, 00:32

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Tras una semana de espera desde que salieron de la Consejería de Empleo hasta que se publicaron en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) las órdenes para regular la nueva formación profesional para el empleo en la comunidad autónoma ya son oficiales. El boletín publicó ayer el marco regulador, que adapta la ley andaluza a la nacional, pero aún habrá que esperar para poder decir que la formación, suspendida en 2011, se reanuda. Queda por salir la convocatoria de cursos para el 2016, que se espera para los últimos días de mes. Entonces será cuando al fin se pueda volver a impartir clases en casas de oficio y escuelas taller y cursos para trabajadores ocupados y desocupados, que llevan cinco años paralizados a consecuencia de las sospechas de irregularidades que investigan numerosos juzgados andaluces.

Pero trabajadores, empresas de formación, escuelas taller etc. tienen ya en el BOJA de ayer el marco al que deben ceñirse, en las dos órdenes citadas. Entre lo que más le interesará, los nuevos baremos que deberán superar para optar a los cursos, en régimen de concurrencia competitiva, y la manera en que cobrarán los servicios prestados.

Podemos también quiere más comparecencias

  • Podemos Andalucía también reclamará, como hizo el PP-A, que haya una segunda ronda de comparecencias en la comisión parlamentaria sobre los cursos de formación. A su juicio sería «impensable» cerrar la investigación sin la declaración de alumnos, formadores y de miembros de los sindicatos y la patronal. Sin embargo, hay diferencias en la coalición electoral Unidos Podemos al respecto, porque el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, cuya formación rechazó ampliar el listado de comparecientes, criticó ayer mismo la propuesta del PP-A y dijo que sólo tendría sentido si compareciera la ministra Fátima Báñez, que rechazó acudir amparándose en un informe del Consejo de Estado.

  • El PP a su vez presentó ayer un escrito para solicitar formalmente al presidente de la comisión, Julio Díaz, una convocatoria urgente de sesión extraordinaria para dos asuntos «importantes». El primero, abordar la segunda ronda de comparecencias y el segundo modificar el plan de trabajo para suprimir la limitación de que no puede haber una segunda comparecencia de personas que hayan acudido en la primera, ya que quieren aclarar «contradicciones» entre Susana Díaz y Chaves y Griñán.

De este modo, se establece anticipo un 25 % de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 % una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 % restante tras la justificación total de la subvención concedida.

La concesión y los pagos estarán sometidos en ambos programas a un extremado control, con un procedimiento de fiscalización previa, según la Junta, que destaca que toda la normativa ahora publicada cuenta con el visto bueno de la Intervención General.

La justificación final de las subvenciones se realizará mediante la presentación de la cuenta general justificativa de la actuación y el informe de un auditor. En el caso de las entidades locales, se llevará a cabo mediante certificado del interventor de dicha administración pública, que deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización de la programación establecida.

La orden recoge en una veintena de páginas al detalle desde los gastos imputables hasta los criterios de baremación positivos y negativos de los solicitantes, como la programación, el personal, el número de alumnos que acaba la formación, la calidad en la gestión, o la imposibilidad de subcontratar.

Como principal novedad aparece la prioridad hacia de acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad, una de las principales demandas de empresas y trabajadores, con los que puedan hacer valer su cualificación profesional en la Unión Europea, y como garantía de la utilidad de la formación recibida a la hora de acceder a una oferta de empleo.

La segunda orden publicada ayer regula los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo y establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la puesta en marcha de dichos programas, en régimen de concurrencia competitiva. La orden establece la combinación de formación y prácticas profesionales de estos cursos, etc.

La nueva convocatoria de estos proyectos contará con una inversión superior a los 50,3 millones de euros, mientras se destinan 71,5 millones para los cursos dirigidos a desempleados y 20,6 millones para acciones dirigidas a trabajadores ocupados.

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