Fátima Báñez planta a la comisión de los cursos y desata una bronca al PP en la Cámara

El PP, partido que más batalló por que se creara una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en las ayudas entregadas por la Junta de Andalucía para cursos de formación, se quedó ayer solo en la defensa del plante dado por la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, del mismo partido, a la mencionada comisión.

Báñez había sido citada mediante un requerimiento del Parlamento para comparecer ayer tarde y explicar desde la óptica del ministerio las posibles irregularidades que se han cometido en la gestión de los cursos en la administración autonómica andaluza y si estas irregularidades son similares a las de otras comunidades o si el procedimiento para la tramitación de ayudas para cursos de su ministerio es diferente o igual a la de la Junta andaluza.

Estas iban a ser algunas de las cuestiones que los grupos pensaban plantear a la ministra, pero Báñez, amparándose en un dictamen del Consejo de Estado que declara que no está obligada a acudir porque un parlamento autonómico no tiene competencias sobre un ministro del Gobierno, decidió no presentarse en la Cámara andaluza.

Las formas de comunicar al Parlamento su derecho a no asistir pocas horas antes de la cita, contribuyó a pulverizar las ya de por sí tensas relaciones de los partidos políticos en esta precampaña electoral. Todos los demás grupos de la comisión, PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU, abroncaron al PP por lo que consideran un desaire sin precedentes de la ministra a la Cámara.

Las críticas de los partidos surgieron desde muy temprano de la mañana, pero al llegar a la hora acordada de la cita, las 18.00 horas, la temperatura subió al máximo. El presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), de acuerdo con el letrado y con todos los grupos salvo el PP, decidió continuar con la sesión y hacer ver la silla vacía de la ministra de Empleo. También dejó que los diputados dejaran constancia de las preguntas que iban a trasladar a la ministra. La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero pidió en una intervención acalorada la dimisión de Julio Díaz, al que acusó de montar un «circo» al servicio del PSOE, partido en el gobierno de la Junta.

Díaz en realidad se lamentó sobre todo por la desconsideración de la ministra, quien ni siquiera se ha dirigido a la comisión para comunicar que no acudiría, sino que dejó el trámite al subsecretario de Estado de Trabajo, Pedro Llorente. La carta de este dirigida al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, debió llegar el viernes, pero no se abrió hasta la mañana de ayer, cuando la noticia ya estaba en todos los medios debido al comunicado de la Delegación del Gobierno en Andalucía informando del dictamen del Consejo de Estado la tarde del domingo.

El presidente del Parlamento dijo que encargará un informe jurídico sobre la incomparecencia, si bien fuentes de su entorno admiten que tendrá poco recorrido ya que el dictamen es claro en cuanto a que Báñez no está obligada a asistir.

Los ánimos de los diputados estaban tan caldeados que mientras los del PP anunciaban la petición de anulación de la reunión y de las preguntas a la ministra, los de otros grupos no descartaban acudir a la Fiscalía para denunciar la incomparecencia. La jornada dejó una lluvia de críticas a Báñez y al PP andaluz en particular, alentadas además por la tensión preelectoral. Báñez será con toda probabilidad cabeza de lista del PP al Congreso por Huelva.

Desde el PSOE se dijo que la ministra ha puesto en evidencia a los comisionados del PP y ha dejado al presidente regional de este partido, Juanma Moreno, como un «chiquilicuatre». Marta Bosquet (C's) recordó con ironía que Moreno anunció en enero que Báñez iba a exponer cuestiones de los cursos en las provincias que constituirían «una sorpresa». Elena Cortés (IU) apeló al sentido democrático de la ministra para responder y dar luz a la materia investigada como titular de Empleo. Teresa Rodríguez (Podemos) calificó de «falta de respeto» a los andaluces el desaire. Carmen Crespo (PP) intentó convencer de que el plante de la ministra no era voluntario, sino obligado por el Consejo de Estado.