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Núñez sustituye a los peritos del Estado por los de la Junta en la causa de los cursos

L.G.-S.

Jueves, 5 de mayo 2016, 00:52

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La jueza de Sevilla que investiga el presunto fraude en los cursos de formación pagados con fondos públicos, María Núñez Bolaños, vuelve a enmendar la plana a su antecesora, Mercedes Alaya, y ha decidido relevar a los Interventores Generales de la Administración del Estado y sustituirlos por los de la Junta para que emitan un informe sobre esta macrocausa.

En una providencia de 26 de abril, la jueza requiere a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que «designe peritos en número suficiente a fin de realizar el informe requerido» sobre el análisis de los expedientes de subvenciones investigadas. En especial, la jueza encarga que se cuantifique de manera individualizada en cada expediente las «cantidades defraudadas mediante la simulación de facturación de los profesores y formadores a través de la mercantil SERPRO, S.L.».

También pide que «se proceda a cuantificar aquellas cantidades fraudulentamente facturadas por empresas del grupo del investigado Ojeda que hayan sido objeto de justificación en cada expediente», señala la juez en referencia a las empresas del exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.

El relevo se produce después de que los técnicos de la IGAE le explicaran, en diligencias previas de 14 de abril, que han hecho otros informes para el caso de los ERE, que instruye el mismo juzgado, y le precisaran que están trabajando en otros informes que afectan al caso, entre ellos nueve informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el uso de las transferencias de financiación, cuatro sobre empresas que recibieron subvenciones, sobre el dictamen pericial de la defensa de Magdalena Álvarez, y 80 sobre subvenciones de IDEA y estiman que «deben continuar trabajando en su conclusión».

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