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Bruselas suspendió el Fondo Social a Andalucía por «desconfianza»

La interventora del área de fondos europeos dice en la comisión que el escándalo de los cursos de formación llevó a reprogramar 46,9 millones

SUR

Martes, 15 de marzo 2016, 00:30

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La comisión parlamentaria de investigación sobre los cursos de formación continuó ayer con la comparecencia de altos técnicos de la administración autonómica. Abrió la mañana la interventora adjunta a la Intervención General del área de Control y Fondos Europeos y Subvenciones, María Teresa Arrieta Viñals, que explicó cómo el escándalo causado por la investigación judicial sobre los cursos ha incluido en este departamento. Arrieta afirmó que Bruselas suspendió en 2014 los pagos del Fondo Social a Andalucía, debido a la alarma causada. La medida fue levantada el pasado mes de junio, tras una visita a Bruselas del entonces consejero de Ecomoía y Empleo, José Sánchez Maldonado. La interventora dijo ayer que se confía en reanudar la normalidad en 2016 y no cuantificó el importe afectado por la medida.

Sí cifró en 46,9 millones la cantitad que fue «descertificada» del programa operativo de Fondo Social entre 2007 y 2013. Explicó que fue una iniciativa de la Dirección General de Fondos Europeos, para evitar la «desconfianza» que crea en Bruselas la investigación judicial y las noticias en la Prensa y que este dinero, inicialmente destinado a formación profesional para el empleo, fue reprogramado y destinado a formación reglada, de modo que fue pagado con cargo a los presupuestos de la Junta.

La interventora explicó que la suspensión de los pagos fue consecuencia de los informes de auditoría de la Intervención de la Junta y su informe anual, y porque la Comisión Europea «no quería mantener unos fondos que pudieran ser irregulares pero que hay que revisar», pero no que se produjera como consecuencia «del cúmulo de irregularidades y la falta de voluntad de quitarlas» como afirmaba la diputada del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero.

La interventora distiguió entre anomalía e irregularidad, y dijo que no toda deficiencia es irregular, pues esto no puede afirmarse «hasta que se hagan todas las comprobaciones y se tengan evidencias».

Arrieta pidió «rigor» y dijo que «las irregularidades que hemos encontrado han sido en materia de justificación pero la mayoría de los procesos de reintegro solicitados son parciales, así que no me atrevería a hablar de fraude»: de 481 subvenciones auditadas sobre un total de 277 millones, explicó, se ha propuesto desde su departamento un reintegro por valor de cerca de 5,9 millones de euros, y el 88% de esas propuestas de reintegro han sido llevadas a térmno, o se han reintegrado, o han pasado a vía ejecutiva»

No obstante, reconoció que la Intervención General «no ha auditado el cien por cien de las ayudas a la formación», sino una muestra.

En la sesión de ayer compareció también la ex interventora general Rocío Marcos, que aseguró que los controles de este departamento «están hechos para intentar mejorar las cosas» y «no para detectar fraudes». Por su parte la directora general de Evaluación, Control y Calidad del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Jesús Moreno Herrerías, dijo que se ha constatado que este organismo «ha cumplido la legalidad aplicable» en la gestión de las subvenciones y apuntó a la dirección general de Formación Profesional para el Empleo como responsable de la gestión de estos fondos desde 2013.

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