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Susana Díaz y Juanma Moreno se saludan en un pleno del Parlamento andaluz.
Un decreto garantizará tiempos de pago en salud, educación y servicios sociales en Andalucía

Un decreto garantizará tiempos de pago en salud, educación y servicios sociales en Andalucía

El compromiso de Díaz de que estará listo en abril surge tras la presión del líder del PP-A, Juanma Moreno, en denunciar a la Junta como la «principal morosa» de Andalucía

Maria Dolores Tortosa

Lunes, 7 de marzo 2016, 00:42

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La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta prepara un decreto para garantizar los tiempos de pago a empresas que contratan con las administraciones de salud, educación y servicios sociales. Este decreto, que trata de «proteger a sectores prioritarios» relacionados con los citados servicios públicos, deberá aprobarse en abril, según lo prometido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el debate del Parlamento de balance de los nueve meses de gobierno de esta legislatura.

El decreto que prepara la Junta fijará diferentes plazos de garantía para el cobro de los suministros sanitarios, educativos o sociales, según los contratos y los servicios que se presten, afirman desde la Consejería de Hacienda. Cualquiera de ellos deberá estar por debajo de los 60 días de máximo que establece la ley.

Al cierre de 2015 el periodo medio de pago de la Junta a todos sus proveedores se situó en 42,49 días, el menor registrado desde 2014, cuando se empezaron a hacer públicos por orden del Gobierno central la morosidad de todas las administraciones. Según apuntó la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en el Parlamento esta semana, este cómputo es ocho días inferior al de la media de todas las comunidades autónomas.

Con motivo del abono en diciembre de 1.460 millones de euros a proveedores, el periodo medio de pago descendió diez puntos respecto al que había sido en noviembre, 53,47 días, según la consejería. Aún así la principal queja de las pequeñas y medianas empresas que contratan servicios con la Junta de los que dependen la salud, la educación y prestaciones sociales de millones de andaluces es la tardanza en el pago. Una situación nada baladí, puesto que muchas de estas empresas se han visto al borde de la quiebra ante la morosidad de la administración autonómica.

Morosidad

La ley de morosidad de las administraciones públicas establece para el cobro un plazo máximo de 60 días desde el suministro de bienes o servicios a las administraciones. Andalucía superaba en julio pasado ese plazo, al situarse en 61,4 días según datos del Ministerio de Hacienda. Desde este se relaciona la bajada en la morosidad con los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y para proveedores habilitados por el Gobierno en 2012.

El compromiso de la Junta con las empresas del bienestar (salud, educación y servicios sociales) coincide con una mayor presión de los partidos de la oposición ante las quejas del sector. Durante todo el pasado año y lo que llevamos de este Juanma Moreno, líder del PP andaluz, se dedicó a visitar diferentes centros, colectivos y entidades colaboradoras en la prestación de servicios a la Junta para denunciar que esta es «la principal morosa en Andalucía». Moreno calculó en 3.400 millones de euros los que el pasado julio adeudaba la Junta a proveedores. Este pasado enero denunció el impago de dos millones de euros a la plataforma de atención temprana.

Con ocasión de un pago a centros de mayores tras una visita suya a uno de ellos, el dirigente popular manifestó: «Voy a tener que visitar todos los centros, porque parece que es la única manera de que la administración regional cumpla con sus obligaciones».

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