El control del controlador

Por si las «paredes de cristal», el Portal de transparencia o los reforzados controles de intervención no bastaran, la Ley de Transparencia de Andalucía preveía desde que se enunció la creación de un órgano de control, el Consejo de Transparencia, que fiscalizará desde la independencia el cumplimiento de las normas contenidas en la ley, destinada a acabar con las malas prácticas en la administración autonómica. La responsabilidad de presidirlo ha recaído en el catedrático Manuel Medina, elegido por el Parlamento andaluz el pasado martes, y en enero comenzará a dotarse de los medios necesarios. Además de controlar que se cumpla la ley, podrá imponer sanciones.

Medina, catedrático de Derecho Constitucional, deberá ahora nombrar un asesor jurídico y un secretario general, ambos entre los funcionarios de carrera, para poner en marcha este órgano, que tendrá un mandato de cinco años, no renovables. Contará también con un consejo asesor, formado por catorce miembros, que no cobrarán por su trabajo.

El elegido, único candidato al puesto, presentado por el grupo socialista, contó con los votos a favor de PSOE, PP-A y Cs y en blanco de Podemos e IU. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla desde el año 2006, y fue letrado del Tribunal Constitucional (TC) entre los años 1994 y 1998, y vocal de la Junta Electoral de Andalucía entre 2003 y 2014. Su biografía añade que desde 1988 ha impartido las asignaturas de Derecho Político y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y actualmente es profesor de Derecho de la Información en la Facultad de Comunicación de la Hispalense. Tendrá rango de viceconsejero y se adscribe al área del vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. Hasta que se cubran los puestos de trabajo adscritos también recibirá asistencia de la consejería de Hacienda y Administración Pública, según indica Presidencia.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos, según los estatutos que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de septiembre, está facultado para requerir a las administraciones de la comunidad la subsanación de incumplimientos; instar a la apertura de procedimientos sancionadores y resolver las reclamaciones que presenten los ciudadanos sobre acceso a la información pública, entre otras atribuciones.

Autoridad independiente

Se trata de «la autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la comunidad» y su existencia se apoya en la doctrina especializada y la normativa del Consejo de Europa, según reflejan sus estatutos, que lo consideran «un requisito sine qua non para la efectividad de los derechos de la ciudadanía» como una instancia previa a la vía judicial para evitar farragosos procedimientos que desvirtuarían la inmediatez de resultados tanto del acceso a la información pública como de la protección de los datos personales que la Ley de Transparencia quiere garantizar.

El Consejo de Transparencia contará con una sección presupuestaria en el Presupuesto de Andalucía para 2016 dotada de algo más de 1,2 millones de euros, anunció el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, una cifra «austera», dijo, porque se dotará de contenido «con funcionarios de la propia Administración y, por tanto, con personal que ya existe».

Jiménez Barrios resaltó que a diferencia de la Ley estatal que regula este organismo, en Andalucía el presidente es elegido por el Parlamento, no designado por el Gobierno, y podrá imponer sanciones.

El consejero calcula que en el primer semestre del año el órgano esté en funcionamiento y lo enmarcó en los progresos que a su juicio Andalucía ha realizado en materia de transparencia, «en vanguardia» del país.