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María Jesús Montero, en una imagen de archivo
Aplazada la oferta de empleo público por el rechazo al decreto de interinos

Aplazada la oferta de empleo público por el rechazo al decreto de interinos

La derogación de la norma que regula la antigüedad, con el voto de PP y Podemos, lleva a la consejera de Hacienda a retrasar las oposiciones

Lalia González

Viernes, 25 de septiembre 2015, 19:51

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Las consecuencias del rechazo en el Parlamento del decreto que regula la antigüedad de los interinos va a provocar efectos inmediatos:el retraso de la oferta de empleo pública prevista y anunciada para este año, que la Junta estima en unas 500 plazas para los servicios centrales de la administración autonómica. Así lo anunció ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en declaraciones a Canal Sur Radio. De modo que la bronca política en el Parlamento andaluz, donde PPy Podemos unieron sus votos el pasado miércoles para derrotar, por primera vez, una iniciativa de la Junta, que era apoyada por PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida, deja en el aire tanto la situación de los funcionarios afectados, que Montero cifró en 22.000, como la de cuantos preparan oposiciones en estos momentos para conseguir un puesto de trabajo en la Junta. Fuentes del Gobierno andaluz precisaron no obstante que en el caso de las convocatorias de Educación y Salud, que ya están en marcha, no se verán afectadas.

La consejera declaró que la oferta de empleo público (OEP)está condicionada por el concurso de traslados previo que debía llevarse a cabo y que regulaba el decreto ley anulado, en el que se reconocía a los funcionarios de la administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna. Ahora deberá abrirse un nuevo proceso de consulta con los sindicatos para resolver el conflicto.

Montero fue muy crítica con los partidos que derrotaron el decreto, habló de «pinza» y dijo que «lo que han hecho es darle a 22.000 funcionarios la bofetada que pretendían darle al Gobierno andaluz». Además, censuró que los partidos «no tenían plan B», ya que no han hecho una propuesta alternativa, «sino que simplemente se trataba de paralizar la actuación del Gobierno, sin importarle que eso afectaba a tantos trabajadores que no se pueden cambiar de provincia ni ver mejoradas sus expectativas profesionales».

«Amenazas»

Pero las reacciones de la oposición fueron duras. La portavoz adjunta del PP en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, rechazó las razones expuestas por la consejera y dijo que pese a la anulación del decreto la OEPse puede convocar, pues éste «no interfiere».

Además, Crespo reclamó al Gobierno autonómico que «deje de amenazar a los funcionarios andaluces y se ponga a trabajar con diálogo y consenso en una Ley de Función Pública que dé una respuesta definitiva y positiva para este importante colectivo», porque «los funcionarios no pueden pagar la pataleta de los dirigentes socialistas tras haber perdido una votación democrática en el Parlamento».

Por su parte, Comisiones Obreras llegó a decir, en declaraciones a Europa Press, que la consejera de Hacienda «no tiene ninguna vergüenza» y « la Junta usa a los empleados públicos en la guerra política». Según el sindicato, los funcionarios llevan cuatro años esperando concurso de traslados y en 2013 hubo oferta de empleo público, por lo que si hubiera problemas de sentencias contradictorias no se podría haber convocado, pero sí se hizo. El Sindicato Andaluz de Funcionarios, (SAF) también mostró su repulsa y advirtió de un «auténtico chantaje» de la Junta.

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