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Antonio M. Romero
Jueves, 29 de enero 2015, 13:00
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Rajoy ejerce de jefe de la oposición en Andalucía porque no se fía de Moreno Bonilla. Así ha interpretado esta mañana Miguel Ángel Heredia, secretario del grupo del PSOE en el Congreso y líder de los socialistas malagueños, la intervención del presidente del Gobierno ayer, miércoles en Madrid, donde el PP nacional arropó a su candidato a la Presidencia de la Junta, a quien Rajóy presentó como la alternativa más pometedora para la región y acusó a Susana Díaz de utilizar Andalucía de trampolín para su carrera política.
Heredia, uno de los políticos más cercanos a Díaz, ha sostenido que Moreno Bonilla fue nombrado presidente del PP andaluz y candidato a la Junta mediante dedazo de Rajoy y que ahora, cara a las elecciones andaluzas del 22 de marzo, el dedazo le hace la campaña.
En una estrategia que evidencia la intención de ningunear a Moreno Bonilla -encabezará la lista del PP por Málaga a las andaluzas-, el líder socialista ha asegurado que el aspirante popular a la Presidencia de la Junta es un candidato a rastras.
Ante la tesis de los dirigentes populares de que el adelanto de las elecciones andaluzas obedece a un movimiento estratégico de Susana Díaz por sus aspiraciones de dar el salto a la política nacional para sustituir a Pedro Sánchez en el liderazgo del PSOE, Miguel Ángel Heredia ha sostenido: Susana Díaz ha estado, está y estara en Andalucía.
Paro femenino
Unas declaraciones efectuadas en la sede provincial del PSOE tras la reunión de Heredia con cuatro de las candidatas a alcaldesas en las elecciones municipales del 24 de mayo -Inmaculada Agüera (Coín); Teresa Valdenebro (Ronda); Encarnación Anaya (Rincón de la Victoria); y Micaela García (Alhaurín de la Torre)- donde han analizado la situación del paro entre las mujeres en la provincia.
A este respecto, Agüera ha denunciado que desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2014, según los datos de la EPA, el paro femenino en la provincia se ha incrementado en 17.400 personas hasta alcanzar las 117.200 y lo ha achacado a las políticas del Gobierno de Rajoy en materia laboral y de recortes de derechos como la Ley de la Dependencia.
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