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Registro en noviembre en la casa propiedad del clan de Los Romanones. :: Alfredo Aguilar
El juez imputa a 12 miembros de los Romanones, cuatro de ellos por abusos y agresiones sexuales

El juez imputa a 12 miembros de los Romanones, cuatro de ellos por abusos y agresiones sexuales

El instructor advierte de la posible prescripción de alguno de los supuestos delitos, como el de exhibicionismo, que afectaría a siete sacerdotes y un laico de Granada

JOSÉ R. VILLALBA

Miércoles, 28 de enero 2015, 00:22

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Diez sacerdotes y dos laicos del clan de Los Romanones han sido imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, por la presunta comisión de delitos de agresión sexual, abusos y exhibicionismo, agravados por prevalimiento, cooperación o encubrimiento. Eso sí, en el seno de este grupo habría que distinguir entre quienes actuaron como presuntos encubridores -siete sacerdotes y un laico-, y otros cuatro que supuestamente sí mantuvieron algún tipo de relación sexual con la víctima, en forma de agresión y abusos sexuales. Estas cuatro personas, entre quienes se encuentra el líder del grupo de Los Romanones -Román Martínez V. C.- y los también sacerdotes Francisco Campos y Manuel Morales, así como el profesor de religión Sergio Quintana M., fueron detenidas por la Policía Nacional el pasado mes de noviembre y puestas en libertad tras prestar declaración en sede judicial. Sólo el líder necesitó abonar una fianza de diez mil euros para eludir la prisión preventiva. Los otros tres quedaron en libertad con cargos.

El juez instructor deja abierta la prescripción de algunos de los delitos imputables a las personas señaladas en el auto judicial y aunque el magistrado puede ordenar «de oficio» la prescripción, pide a las partes que se pronuncien sobre este aspecto y sobre cada uno de los imputados. En la causa están personados los abogados de los dos únicos denunciantes, como acusación particular; la asociación Proderechos del Niño -Prodeni- como acusación popular; y el Ministerio Fiscal, así como los letrados de la defensa.

El juez da un plazo de diez días para cerrar la presentación de alegaciones a las partes y justifica la posible prescripción por el amplio periodo transcurrido desde que ocurren los hechos y se empiezan a denunciar el pasado 14 de octubre. Una prescripción que en el caso de estos delitos cuenta a partir de que las víctimas tienen 18 años, al tratarse de menores cuando supuestamente se cometieron. Las agresiones y abusos sexuales no estarían prescritas, sí los de exhibicionismo.

El sumario judicial, de casi mil seiscientos folios, recoge los testimonios de los dos únicos denunciantes, así como el de un par de testigos que también relatan episodios de exhibicionismo y tocamientos por parte del líder de Los Romanones. El testimonio más duro lo aporta Daniel, nombre ficticio del primer denunciante que escribió al Papa Francisco para contarle lo ocurrido y que posteriormente recibió una llamada de Su Santidad para pedirle perdón.

Este joven centra los presuntos abusos y agresiones sexuales entre los años 2004 y 2007, cuando tenía entre 14 y 17 años. En su relato de los hechos narra cómo Román Martínez V. C. fue ganándose su confianza hasta lograr que se quedara a dormir en una vivienda que este clan tenía en el número 12 de la calle Quinto Centenario de Pinos Genil, en la urbanización Los Pinillos, vivienda registrada por la Policía Nacional el pasado mes de noviembre. Allí, supuestamente, se cometieron los delitos más graves, principalmente penetraciones anales, felaciones y masturbaciones. El sacerdote Román Martínez aparece como el principal imputado por las presuntas agresiones sexuales, mientras que los otros dos sacerdotes, así como el profesor de religión estarían señalados por supuestos abusos sin penetración.

Como su «padre»

El líder del clan de Los Romanones, según aparece en el auto judicial, le insinuó en más de una ocasión a Daniel que era «su padre» y tenía que dejarse llevar porque no vivía bien su sexualidad. Todo ello porque la víctima no accedía a los dictados sexuales que el presunto agresor trataba de imponerle. Cuando intentaba ridiculizarlo -siempre según el testimonio de la víctima- lo hacía en el salón de juntas, donde estaban presentes el resto de los imputados, quienes a su vez apoyaban al líder del clan en detrimento del joven Daniel, que era amenazado con dejar el grupo si no «vivía su sexualidad con claridad de miras». A principios de junio de 2007 decidió abandonar el grupo.

El segundo denunciante comenzó con Daniel de monaguillo en el año 1997. Mantiene que recibió masajes con fines libidinosos y veía demasiadas muestras afectivas entre los miembros del clan que le resultaban chocantes. También fue supuestamente coaccionado por el líder del clan con frases del tipo de que «todo lo que hacían era por su bien y pensando siempre en hacer lo que Dios le iba marcando». Abandonó el grupo en 2004. El juez también incorpora en el auto en el que levanta el secreto de sumario el relato de dos testigos. Uno asegura que se negó a dormir en la misma cama de Román Martínez, como éste pretendía, y posteriormente lo indujo a darle un masaje, a lo que se negó. En otras ocasiones -continúa- le acariciaba el muslo con ánimo libidinoso mientras veían la televisión. Otro testigo, dice que -también cuando era menor de edad- tras una ducha y cuando se encontraba desnudo, Román entró sin permiso e intentó tocarle, sin lograrlo. A partir de ese día iba a buscarlo a casa de sus padres de forma frecuente entre los años 1993 y 2001, sobre todo, a partir del regreso de un viaje que hizo a Argentina este sacerdote.

Patrimonio común

El juez finaliza su auto diciendo que todo el grupo de imputados dispone de importante patrimonio en común. La instrucción del caso aún está pendiente de la presentación de dos pruebas periciales que aumentarán el grueso de las diligencias y que tratarán de arrojar más luz sobre el caso.

El presidente de Prodeni, Juan Pedro Oliver, elogió ayer la labor que viene desarrollando en este caso tanto el juez como el fiscal, al entender que «no son cuatro como al principio, sino doce las personas imputadas». También mantiene su esperanza en que el grueso de los delitos señalados contra los acusados «no hayan prescrito, tan solo los de naturaleza menor». Oliver ha señalado que «no es nada fácil para las víctimas destapar este tipo de asuntos» y da «máxima credibilidad al relato de los hechos».

El abogado de los cuatro principales imputados declaró a Europa Press su confianza en la «inocencia» de sus clientes y aplaude el levantamiento del secreto de sumario de esta causa. Por su parte, Jorge Aguilera, letrado del joven Daniel, dijo ayer que de momento analizarán el caso y no se pronunció sobre la prescripción de posibles delitos, «que habrá que estudiar cuando se analice la documentación».

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