Diario Sur

Ecologistas advierten del riesgo de los proyectos mineros en Andalucía

La asamblea de Ecologistas en Acción aprobó ayer un manifiesto «ante la proliferación» de proyectos de explotación minera en Andalucía en el que advierte del riesgo ambiental de estas iniciativas, que «en muchos casos» pretende reutilizar instalaciones anteriormente abandonadas.

Esta organización conservacionista también criticó que la Junta de Andalucía y otras administraciones y entidades adopten «una actitud de promoción acrítica» de estos proyectos mineros, «como si fueran las tablas de salvación de las situaciones dramáticas de desempleo y pobreza que se viven en toda Andalucía».

«La minería, como actividad extractiva de recursos no renovables y escasos en muchos casos, no es sostenible por definición, por lo que debe estar regulada de forma exquisita para no privar completamente de esos recursos a generaciones venideras», advirtió Ecologistas .

En opinión de este colectivo, los proyectos mineros anunciados en Andalucía generan «un gran impacto sobre suelo, agua, medio natural y paisaje», por lo que deben explotarse «cumpliendo escrupulosamente las obligaciones de respeto al principio de precaución y a la legalidad ambiental y de reconstrucción minera, así como a la seguridad y salud de los trabajadores que la realizan».

«El costo ambiental, social y económico de desastres como el vertido de Aznalcóllar (Sevilla) no debe repetirse de ninguna de las maneras», apostilla el documento.

Condición imprescindible

Ecologistas también señaló que los proyectos mineros anunciados plantean un horizonte de explotación «de pocos años» y avisóde que las multinacionales que las lideran «son conocidas por desaparecer con el beneficio, dejando por detrás paro, enfermedades profesionales y destrucción social y ambiental».

La organización conservacionista considera «condición imprescindible» para la autorización de estos proyectos «la existencia de garantías de que una parte sustancial del beneficio se reinvierta en la promoción de tejido productivo independiente de la propia actividad minera, en las comarcas afectadas».

«La restauración de lo destruido es obligatoria, pero no puede ser la única actividad tras el cierre; sólo la existencia de actividades agrícolas, ganaderas, industriales, promocionadas con los fondos públicos generados con los beneficios de la actividad minera pueden garantizar una transición justa para la población trabajadora que inevitablemente quedará afectada por el final del ciclo extractivo», concluye Ecologistas.