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Maria Dolores Tortosa
Sábado, 1 de noviembre 2014, 00:53
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El PSOE no dará un trato distinto a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán si ambos fueran procesados en el caso de los ERE fraudulentos. El portavoz de este partido en el Congreso, Antonio Hernando, afirmó ayer en la Cadena Ser que el partido les «aplicaría el código ético», es decir, se les expulsaría de sus cargos y de la militancia, si se les abriera juicio oral. Hernando añadió, no obstante, su convencimiento de que no serán llevados a juicio.
Manuel Chaves es diputado en el Congreso y José Antonio Griñán es senador por la comunidad autónoma de Andalucía. Por ello tienen la condición de aforados y solo el Tribunal Supremo puede investigarles. El pasado agosto, la jueza que instruye el presunto fraude en las ayudas sociolaborales pagadas con dinero de la Junta, Mercedes Alaya, remitió al Supremo una exposición razonada en la que involucra en la trama del procedimiento específico a los expresidentes de la Junta de Andalucía y a otros siete exconsejeros también aforados.
La teoría de Alaya es que los gobiernos socialistas de al menos tres legislaturas utilizaron adrede un procedimiento ilegal para pagar las ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones para distraer los controles. Alaya ha acusado a una cuarentena de cargos de la Junta no aforados, entre ellos Magdalena Álvarez, de los delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por ello. En ningún caso les atribuye enriquecimiento ilícito con el dinero supuestamente defraudado. No están acusados, por tanto, de corrupción en los términos conocidos. El Supremo está a la espera de la calificación de los hechos que haga la Fiscalía para tomar la decisión de si imputa o no a los aforados.
La aclaración de Hernando llega después de que Mariano Rajoy preguntara al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si va a expulsar a Chaves y Griñán. «¿Va a tomar decisiones en el tema de los ERE? ¿No le deja Susana Díaz tomar medidas o no las quiere tomar? Conteste, ¿sí o no?», dijo el presidente del Gobierno en el Congreso.
Hernando recuerda que todavía «no se les acusa de ningún hecho» y que lo que se cuestiona es la legalidad de la «transferencia de financiación», que es una «figura administrativa que no se ha usado sólo en la Junta» y que el partido piensa que «es legal», según recoge Europa Press. «Por tanto, no creo que se vaya a abrir una instrucción respecto a los dos expresidentes», intentó zanjar.
Pero aún en el caso de que el Supremo los citara como imputados, tampoco se les expulsaría. Hernando dejó claro que solo en el momento «en que sean llamados a juicio oral tendrían que dejar sus escaños».
Es la primera vez que un miembro de la cúpula socialista habla de la situación de Chaves y Griñán, pese a las muchas veces que se le ha preguntado a sus dirigentes. Hasta ahora tanto la dirección federal como la regional habían guardado silencio y solo se habían limitado a defender la honorabilidad de los expresidentes andaluces, que también son expresidentes del PSOE.
Desde Andalucía se había dicho que la decisión corresponde al federal, pero este no había tomado en consideración qué hacer. Hasta ahora en que un hombre cercano a Sánchez, pero también al regional andaluz ha salido a hablar.
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