Alaya blinda al funcionario frente a posibles querellas por sus declaraciones

La investigación del supuesto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía adquiere una dimensión nueva. La jueza Mercedes Alaya, que instruye una de las 18 causas abiertas en juzgados andaluces, dejó claro ayer que blindará a su testigo principal hasta ahora, el funcionario Teodoro Montes, responsable durante años de la formación profesional en la Delegación de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía. La jueza advirtió que abrirá diligencias contra quienes presenten querellas por sus declaraciones, en alusión a las anunciadas por CC OO y la Fundación Pública Andaluza para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem). El representante de la Fiscalía, Fernando Soto, no solo apoyó a la magistrada, sino que le instó a aplicar a Montes la ley de testigo protegido.

Así consta en el acta de la declaración extra que ayer hizo Montes a petición propia, según fuentes del caso. Montes acudió al medio día de ayer al juzgado número 6 para firmar el acta de su declaración de más de 31 horas durante siete jornadas. Para sorpresa de todos, el funcionario pidió a la magistrada ampliar su declaración.

Esgrimió como razón informaciones aparecidas en la prensa, como una en 'El País' en la que se denuncia que validó un curso en el que fue incluida su hija pese a carecer de titulación adecuada. Montes insta a la jueza a pedir a la Junta el expediente del citado curso de organización y gestión de laboratorio.

A continuación esboza una reflexión crítica sobre la política seguida en los cursos de formación que concluye responsabilizando al Gobierno de la Junta y al Partido Socialista de la situación de paro en la Comunidad. «Alguien, gobierno o partido debe contestar a la responsabilidad social y económica que padece esta comunidad», afirmó según fuentes.

Pero es Alaya la que también introduce otras informaciones aparecidas en la prensa, como que CC OO y Faisem se querellarán contra el antiguo responsable de los cursos de formación en Sevilla por sus declaraciones ante la magistrada. Montes declaró la pasada semana que CC OO y UGT cobraron comisiones a empresas a las que subcontrató cursos de formación, mientras que de Faisem llegó a decir que narcotizaba a los alumnos, disminuidos psíquicos.

Alaya interpreta que las denuncias son coacciones y presiones hacia el testigo y advierte de que tales acciones pueden constituir «delitos contra la administración de Justicia», por lo que de tener conocimiento deducirá testimonio para que se ventilen «en las pertinentes diligencias».

Testigo

El fiscal de esta investigación mostró su acuerdo con la magistrada y pidió a esta que tenga en consideración solicitar que se declare testigo protegido a Teodoro Montes para asegurar su integridad y la de su familia, según las mismas fuentes.

La consideración de testigo protegido está asociada sobre todo a investigaciones de droga o terrorismo yihadista, cuando corre peligro la vida de testigos clave o policías. Algunas fuentes consultadas consideran excesiva la petición en el caso de Montes, ya que la pregunta obvia es si corre peligro su vida y de quién se teme.

Esta petición se produce después de que el PSOE haya presentado una queja al Poder Judicial contra Alaya por deslizar sin venir a cuento una pregunta al funcionario sobre financiación ilegal de este partido. El letrado de la Junta, que es acusación, puso un día antes en un brete al testigo al hacerle admitir que fue el juzgado de Alaya el que le instó a declarar ante la Guardia Civil y que esta le pasó la declaración a Alaya en lugar de al juzgado de guardia.

En el fondo subyace una polémica sobre si Alaya es competente o no para llevar el caso. La Fiscalía anticorrupción afirmó ayer que sí, porque las diligencias abiertas en marzo proceden de otra a Lanzas relacionado con los ERE y los cursos de formación.