Borrar

Discurso íntegro de la presidenta en el debate del Estado de la Comunidad

sur.es

Miércoles, 17 de septiembre 2014, 15:53

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Comparezco ante esta Cámara para celebrar el Debate del Estado de la Comunidad. En mi investidura como Presidenta de la Junta de Andalucía, hace apenas un año, me comprometí a comparecer semestralmente para tratar la situación general de Andalucía, añadiendo por tanto una comparecencia a la ya prevista en el Reglamento de la Cámara.

Cumplo pues con la palabra dada, rindo cuentas, y en un año en el que podría no haber habido ningún debate general alguno como consecuencia de la investidura que tuvo lugar en septiembre, el Parlamento de Andalucía va a celebrar dos.

Resulta imprescindible que cada día, en cada uno de nuestros actos como responsables públicos, hagamos el mayor esfuerzo para vencer la zanja que muchos ciudadanos perciben, muchas veces con razón, pero hay una zanja entre la Política y su propia vida, necesidades y valores.

Señorías, a cambiar ese estado de cosas he dedicado buena parte de mis esfuerzos desde que fui investida hace doce meses Presidenta de la Junta de Andalucía, cumpliendo el programa de Gobierno respaldado por dos fuerzas políticas, PSOE e Izquierda Unida, que reflejan en esta Cámara el sentir mayoritariamente progresista y de izquierdas recogido en las urnas.

Señorías, la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de España.

Así lo piensan los ciudadanos y así lo detectan todos los estudios de opinión. Combatir la corrupción política es, sin duda, una exigencia ética, pero es también una necesidad política de primer orden.

Combatir la corrupción exige, en primer lugar, una toma de conciencia real de la necesidad de hacerlo, sin tregua y sin concesión de ninguna clase.

Y no es ésta una cuestión baladí, porque en muchas ocasiones los ciudadanos se preguntan si realmente hay, por parte de los poderes públicos, esa voluntad.

Y se lo preguntan porque la sociedad está cansada de que la cuestión de la corrupción se aborde de una manera oportunista y partidista por parte de los partidos políticos.

Oportunista es la consideración de la corrupción no tanto como un mal a erradicar sino, más bien, como un arma arrojadiza para tratar de hacer daño al adversario político.

Y en partidista se convierte en la medida de que ese combate necesario no se enfoca con una mirada limpia y transparente, sino de manera distorsionada por la existencia de distintas varas de medir, según sea el lugar, la procedencia o la adscripción política de sus distintos protagonistas.

Todos deberíamos ser conscientes de que la ciudadanía no se traga ya eso de Justicia, Señor, pero por mi casa, no.

El año pasado, Señorías, en el Debate de Investidura me comprometí ante este Parlamento a ser implacable con la corrupción. Así ha sido y puedo asegurarles también que va a seguir siéndolo.

¿Significa eso que ya hemos resuelto todos los problemas que teníamos en este terreno?

No; queda trabajo por hacer, investigaciones por completar, obligaciones que exigir, responsabilidades por señalar, modificaciones normativas por desarrollar.

Pero nadie, nadie honestamente puede afirmar que mi voluntad anunciada el año pasado de ser implacable no se ha trasladado al terreno de los hechos.

En primer lugar, colaborando con la justicia, de forma sincera, diligente y rigurosa.

Porque es a la justicia a la que corresponde en los casos que lleva en sus manos exigir las correspondientes responsabilidades penales.

Y yo, en ese terreno, no tengo más que expresar mi respeto por las actuaciones judiciales y mi deseo de que cuanto antes, los que hayan cometido un delito, lo paguen. Y también que los que sean inocentes vean restablecido su buen nombre.

En segundo lugar, cumpliendo con las obligaciones que nos corresponden como Administración desde el punto de vista del control de los dineros públicos, mi objetivo es que pueda recuperarse hasta el último euro que se haya desviado de sus fines.

Como es sabido, estamos revisando uno por uno los expedientes de formación, lo que constituye un enorme esfuerzo sin parangón en ninguna otra comunidad autónoma.

En tercer lugar, propiciando las modificaciones normativas y organizativas necesarias para que episodios como el de los ERE no puedan tener ni el más mínimo resquicio legal para repetirse.

Así, como saben ustedes, en la Ley de Presupuestos de 2014, se incrementaron los controles sobre las transferencias de financiación y la justificación de subvenciones.

Asimismo, hemos publicado una Orden con medidas que regulan mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a los entes del sector público andaluz.

Dichas medidas se han diseñado y puesto en marcha siguiendo escrupulosamente las indicaciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Igualmente, en este Parlamento se está elaborando la reforma legal de la Cámara de Cuentas para reforzar sus competencias de control y sanción a los grupos políticos y representantes de las instituciones sobre las que ejerce su labor.

Hace apenas tres semanas, hemos presentado el anteproyecto de una nueva Ley de Formación Profesional que va a unificar las distintas modalidades y que establece nuevos y rigurosos controles para las ayudas.

Y hemos dado pasos decisivos en lo que se refiere al principal antídoto de la opacidad, que es una de las características del fenómeno de la corrupción. Me refiero a la transparencia. Lo hemos hecho aprobando la ley de Transparencia, la más exigente de España y equiparable a las más avanzadas del mundo. Gracias a esta Ley, los ciudadanos sabrán en todo momento a dónde va y qué destino tiene cada euro público.

Por eso, y aunque la entrada en vigor efectiva de dicha ley no está prevista hasta junio del próximo año, les anuncio que en el primer trimestre de 2015 empezará a funcionar el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, cuyo presidente, como saben, deberá ser elegido por este Parlamento.

Igualmente, vamos a adelantar al primer trimestre del próximo año la puesta en funcionamiento del Portal de la Transparencia.

Esto significa que cualquier andaluz, a través de un simple clic del ratón de su ordenador, podrá conocer con claridad la totalidad de los contratos y subvenciones otorgados por la Administración autonómica, esto es, cuánto y quién recibe hasta el último euro que salga de las arcas públicas.

La totalidad de dineros públicos quedará, pues, bajo el escrutinio de cualquier ciudadano.

Señorías, quiero que los andaluces estén completamente tranquilos y tengan toda la información de cómo se gastan sus impuestos. Un ejercicio de transparencia sin precedentes en España y en la mayoría de los países de Europa. Espero que los ayuntamientos que tienen esa misma capacidad adelanten también la aplicación de este portal y los ciudadanos puedan saber, en ese primer trimestre del año, cómo se gastan sus recursos públicos.

Igualmente carece de precedentes en España la publicación todas las semanas y con carácter previo a su celebración de los órdenes del día completos del Consejo de Gobierno, y los documentos de los expedientes administrativos que fundamentan sus decisiones.

Y hemos mejorado la rendición de cuentas ante el Parlamento, con más comparecencias, empezando por mí misma, y toda la información.

Señorías, los miembros del Gobierno han comparecido desde que soy presidenta 1.270 veces ante esta Cámara y se han respondido, al día de hoy, más de 3.890 iniciativas. Lo repito: 1.270 comparecencias orales y 3.890 respuestas escritas en un solo año. Son datos concluyentes, que difícilmente resisten comparación con otras comunidades autónomas y desde luego con el Gobierno de España.

Vamos a promover también la ley que regule el Estatuto de Altos Cargos de la Junta de Andalucía.

No estoy por la labor de aceptar la corrupción como algo inevitable. De ninguna manera. Los problemas tienen solución y lo que hay que hacer es dejar de lado las excusas y ponerse a la tarea.

Porque yo soy de la opinión, Señorís, de que la implantación de los más altos estándares de lucha contra la corrupción tiene muchos beneficios: morales, políticos y también económicos en la medida que fortalece la confianza en nuestra tierra y en nuestra propia autonomía.

Y, también, un beneficio intangible pero decisivo que tiene que ver con nuestra propia autoestima como pueblo, con nuestra cohesión como sociedad y con la fortaleza de nuestras instituciones.

Ese es mi empeño, Señorías, que me gustaría que fuera compartido por toda la Cámara, por todos los grupos, porque otra de las cosas que tenemos que conseguir es que los partidos políticos que hoy son vistos como un problema por los ciudadanos, empecemos de nuevo a ser parte de la solución de los problemas reales.

Lo creo firmemente: o acabamos con la corrupción, con los corruptos y, en consecuencia con ese sentimiento de repugnancia y desánimo que produce entre nuestros conciudadanos, o la corrupción se convertirá en un lastre demasiado pesado para nuestra democracia, para nuestra economía y, sobre todo, para nuestro futuro.

Todo este esfuerzo de transparencia y claridad en la gestión pública no será suficiente para recuperar el prestigio de las instituciones si quienes desempeñamos nuestra responsabilidad no somos capaces de anteponer los intereses de los ciudadanos, los intereses generales del conjunto de la sociedad, a los de nuestros partidos.

Fruto de esa convicción, realicé en mi comparecencia sobre política general del pasado 22 de enero una oferta de pactos a la oposición sobre una serie de asuntos que consideraba, y considero aún, muy importantes para nuestra tierra.

Les recuerdo brevemente aquella oferta:

- Ofrecí a la oposición un acuerdo para solicitar de manera conjunta al Gobierno de España un Plan Especial de Empleo, como el que cuentan otras comunidades autónomas.

- Ofrecí a la oposición un acuerdo para reclamar que Andalucía cuente una financiación justa, que sea la que permita mantener unos servicios públicos de calidad para todos.

- Ofrecí a la oposición un acuerdo para que Andalucía reciba los fondos de la Unión Europea que le corresponden y para que nuestros agricultores no se vieran discriminados en el reparto de los fondos de la PAC.

- Ofrecí a la oposición un acuerdo para lograr la conexión ferroviaria adecuada para el puerto de Algeciras.

Como les decía, comparezco para rendir cuentas. Pero en una democracia, todos debemos hacerlo y cada uno es responsable de sus actos y también de sus omisiones. Y tengo que decir que de ninguna de estas ofertas formuladas a principio de año he recibido hasta la fecha respuesta por parte de la oposición. Ni respuesta ni mucho menos, apoyo.

Yo mantengo esa oferta y creo que no exijo mucho si al menos pido que se conteste a ella.

Pido que se me conteste si el Gobierno de Andalucía puede contar con el apoyo de la oposición para pedir un trato justo a nuestros agricultores, que han sido los únicos de España Señorías, los únicos que han salido perdiendo en el reparto injusto de los fondos de la PAC.

Pido que se me conteste si Algeciras merece o no una conexión ferroviaria acorde con la enorme potencialidad de crecimiento económico y de generación de empleo de su puerto, enclavado en un rincón de Andalucía, el Campo de Gibraltar, especialmente necesitado de medidas de impulso económico.

Y pido que se me conteste si Andalucía merece o no una financiación justa y unas inversiones acordes a nuestro peso poblacional en el conjunto de España, tal como marca nuestro Estatuto de Autonomía.

En este punto de la financiación desearía hacer especial hincapié, porque de ella depende la prestación de unos servicios públicos de calidad, que es lo que la ciudadanía necesita y reclama, y también en buena medida nuestra capacidad para salir de la crisis y la forma en que salgamos de ella.

Y en este sentido, tengo que decir que si bien Andalucía cumple con sus compromisos, lamentablemente, el Estado no cumple con Andalucía.

En efecto, Señorías, el año 2013 la Comunidad Autónoma de Andalucía cumplió con el objetivo de déficit, y eso contribuyó a que el conjunto de España presente mejores datos de estabilidad presupuestaria, ya que seis CCAA y la propia Administración General del Estado se desviaron de sus objetivos.

Andalucía también ha cumplido con el objetivo de endeudamiento en el ejercicio 2013, mientras que la deuda de la Administración central excedió en más de 1 punto de lo previsto.

Con el 19,2% del PIB, nuestro nivel de endeudamiento también se encuentra muy por debajo de la media del conjunto de las CCAA, situada en el 22,3%, y desde luego muy por debajo de algunas CCAA que superan el 30%, como Cataluña (31%) o Valencia (34,8%).

La deuda de las empresas públicas en Andalucía se mantiene por décimo mes consecutivo en el 0,1% del PIB, frente al 0,6% de la media.

Este es el despilfarro andaluz que tanto pregonan algunos.

Despilfarrar es, desde luego, aprobar amnistías fiscales, regalar décimas de objetivo de déficit a Bruselas o adelantar 1.300 millones de rescate bancario cuando no corresponde.

Despilfarrar es no perseguir el fraude fiscal. Nosotros, dentro de lo limitado de nuestras competencias en esta materia, sí lo hacemos. Las tareas de inspección de la Junta de Andalucía han permitido aflorar 375 millones de euros.

Déjenme decirles algo:

Si el Gobierno de España, que cuenta con el grueso de las competencias en materia de lucha contra el fraude, se empleara con el mismo tesón que lo hace el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el mismo período habría hecho aflorar más de 6.800 millones de euros.

Para que se hagan una idea, una cifra notablemente superior a la que haría falta para que todas las comunidades, desde luego Andalucía que es lo que a mí me importa, estuvieran en la media de financiación y pudiera destinar muchos más recursos a la creación de empleo.

Les digo, pues, que Andalucía cumple y lo hace en un contexto, el del sistema de financiación, extraordinariamente lesivo para nuestra tierra: tras cuatro liquidaciones del actual sistema, de 2009 a 2012, Andalucía ha dejado de percibir 3.456 millones de euros con respecto a la media de las CCAA. Mucho dinero con el que podríamos hacer muchas cosas en beneficio de los andaluces.

Este año, Andalucía recibe 314 millones menos para la atención a la Dependencia y desde que gobierna el Sr. Rajoy, hemos recibido 115 millones menos del Fondo de Compensación Interterritorial.

En un incumplimiento escandaloso de la DAT de nuestro Estatuto de Andalucía, han dejado de invertirse en Andalucía 2.300 millones de euros, a los que hay que sumar los 5.900 millones en concepto de las liquidaciones del sistema de financiación que tenemos recurridas ante los tribunales.

Además, Señorías, en 2015, el Gobierno de España exige a Andalucía un nuevo ajuste presupuestario, superior a los 600 millones de euros.

En conclusión, en los últimos años, los andaluces han dejado de recibir 8.000 millones de euros, casi un billón y medio, con b, de las antiguas pesetas. Otra vez mucho dinero con el que podrían hacerse muchas cosas en beneficio de las familias, las empresas y los trabajadores de Andalucía que lo necesitan.

Perjuicios, Señorías, que amenazan con perpetuarse por la negativa del Gobierno de España a modificar el modelo de financiación autonómica, incumpliendo la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA, el artículo 177 de nuestro Estatuto de Autonomía y hasta la propia palabra del Gobierno de España, que se había comprometido a cometer dicha reforma en este año, paralelamente a la reforma fiscal, que sí le ha dado tiempo.

Porque, Señorías, hablemos con claridad. ¿Qué significa esta paralización de la financiación autonómica? ¿Qué significa el incumplimiento de las leyes y previsiones estatutarias?

Significa, lisa, clara y llanamente dinamitar el Estado del Bienestar, socavar los servicios públicos esenciales que hacen que nuestra sociedad sea más just. Significa un ataque en toda regla a la sanidad, la educación, la dependencia, la igualdad de oportunidades, la innovación, el desarrollo y, sobre todo, a la creación de empleo.

Con sinceridad, me parece incomprensible que alguien pretenda que permanezcamos callados e impasibles ante este estado de cosas. Todo lo contrario.

En ese sentido, les anuncio que he dado instrucciones para que se prepare un recurso ante los tribunales de Justicia por este incumplimiento de la LOFCA y por la vulneración de nuestro Estatuto de Autonomía. O dicho de otra manera: para evitar este atropello a Andalucía, que, lamentablemente, cuenta con el aval y el apoyo del grupo mayoritario de esta Cámara.

Como ha quedado constatado, el Gobierno de España no dijo la verdad cuando aseguró que la reforma fiscal no afectaría a los ingresos de las CC.AA.

Desde luego, en lo que dependa de nosotros, los andaluces no vamos a pagar los regalos fiscales del Gobierno del Sr. Rajoy a las rentas más altas de nuestro país.

Señorías, igualmente, vamos a exigir que Andalucía se vea compensada por la merma de ingresos derivada de la reforma fiscal, que asciende a casi 250 millones de euros.

Se trata de algo elemental, el principio de lealtad institucional, y desde luego de un precepto legal recogido en la LOFCA.

Ese elemental principio de lealtad institucional sí va seguir siendo aplicado a rajatabla por la Junta de Andalucía en sus relaciones con las corporaciones locales.

Para empezar, manteniendo la financiación incondicionada a los Ayuntamientos a través de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma.

En este sentido y pese al notable descenso de los Presupuestos de la Junta en los dos últimos años, se ha mantenido el volumen de recursos, por un total de 480 millones de euros.

En segundo lugar, desarrollando una relación con los ayuntamientos bajo el prisma del diálogo y la cooperación. Esto se ha traducido, de un lado, en un importante suministro de fondos, por un montante superior a los 360 millones de euros dirigidos a que sean las corporaciones locales las que generen empleo mediante distintos programas que gestionarán las mismas.

Señorías, son hechos y no sólo palabras. Me refiero:

Al Plan de Empleo Juvenil, que permitirá que 19.000 jóvenes sean contratados por sus ayuntamientos.

Al nuevo Decreto de Inclusión Social, por el cual los ayuntamientos podrán dar empleo a 25.000 trabajadores y trabajadoras.

Al programa de fomento del empleo agrario, que gestionan las diputaciones.

Al Plan de Empleo para mayores de 30 años.

A los Programas de Suministros Mínimos o al de Solidaridad y Garantía Alimentaria.

Todos ellos con recursos de la Junta de Andalucía y gestionados por los ayuntamientos, pese a la amenaza incomprensible del PP de boicotear estas medidas, de las que van a beneficiarse todos los ayuntamientos andaluces, sin discriminación alguna en función del color político de quien gobierna.

Junto a estas líneas de apoyo, como les decía, el diálogo y la cooperación presiden en todo momento las relaciones de mi Gobierno con las corporaciones locales, colaboración que ha visto sus frutos, por ejemplo, en la puesta en servicio del Metro de Málaga o en la garantía de financiación para que culminen las obras del de Granada.

Y, por último, y no por ello menos importante, hemos hecho algo más: hemos blindado las competencias que nuestro Estatuto de Autonomía atribuye a los ayuntamientos y diputaciones.

Con ello, hemos evitado así el caos y el grave perjuicio que implicaría la aplicación de la disparatada reforma local que ha aprobado el Gobierno de la nación y que respalda, por cierto, el grupo mayoritario de esta Cámara, afecte a los andaluces y andaluzas.

Pero, Señorías, el principal y más urgente problema que debemos abordar sin descanso es el de la recuperación económica y la generación de empleo. La cifra de parados es, lo reconozco, una losa insoportable no sólo en términos económicos sino también para la autoestima y dignidad de nuestra tierra.

Me siento absolutamente incapaz de ponerme una medalla cada vez que baja el paro y sin embargo culpar a otros cuando se destruye empleo. Me parece que esta actitud es profundamente desalentadora como reacción a un drama económico y social como es nuestra actual tasa de paro. Y por decirlo claramente, me parece que hacer eso es caer muy bajo. Como les digo, nunca lo haré.

Desde que tomé posesión como Presidenta, mi Gobierno ha tomado un conjunto de medidas coherentes que pretenden poner las bases para reorientar nuestro modelo productivo, buscando una mayor competitividad y la creación de empleo.

Es un objetivo necesario en el que no debemos regatear ningún tipo de esfuerzos.

Esfuerzos que no sólo dependen del Gobierno y que no pueden limitarse obviamente a una legislatura. Por eso considero de especial valor el acuerdo alcanzado hace apenas dos meses con los agentes económicos y sociales y que se ha traducido en la Agenda por el Empleo 2014-2020.

Señorías, hemos aprobado o iniciado planes estratégicos en los ámbitos de Innovación, Industria y para la Internacionalización de la Economía Andaluza. Asimismo, estamos desarrollando planes para estimular el crecimiento y la competitividad en sectores de arrastre, como, el turístico, las energías renovables, el aeroespacial y el agroalimentario.

Por eso antes hice referencia a la necesidad de lograr un trato justo a Andalucía en el reparto de las ayudas europeas de la PAC. Y ahora subrayo que debemos levantar la voz para que el llamado veto ruso no se traduzca en nuevos perjuicios para el sector agroalimentario andaluz.

No me parece justo que nuestros agricultores tengan que pagar por las decisiones de otros, ni el Gobierno de España puede mirar para otro lado, sino actuar con firmeza y determinación en defensa de los intereses de Andalucía.

De la misma manera, quiero destacar que el elevado incremento que ha experimentado la tarifa eléctrica ha puesto contra las cuerdas la viabilidad de muchas explotaciones y comunidades de regantes andaluzas, que a lo largo de los últimos años han acometido importantes inversiones de modernización que han redundado en una gestión más sostenible del agua.

Es un clamor que esa situación requiere una solución, pero la respuesta del Gobierno de España, que es el competente en materia regulatoria energética, es una negativa permanente e insensible.

Por eso, propongo a sus señorías que este Parlamento solicite del Gobierno de la nación la adopción de un proyecto de ley que modifique el marco regulatorio al fin de que los regadíos paguen sólo por el consumo real de energía que hacen y que se les apliquen un IVA reducido.

En este mismo ámbito, el Gobierno andaluz remitirá lo antes posible a esta Cámara la Ley Integral de Agricultura.

Pero junto a las medidas de medio y largo plazo hemos adoptado otras para generar empleo de forma inmediata, y que están tenido su impacto en el lento, pero progresivo, descenso del paro en nuestra comunidad.

Además de los planes que acabo de mencionar, hemos puesto en marcha otros, como el del impulso a la construcción sostenible, el apoyo a las pymes industriales o la reactivación de explotaciones mineras como las de Aznalcóllar o Riotinto.

En referencia a estas últimas, puedo anunciarles que el inicio de labores en Riotinto (donde ya hay 192 trabajadores) está previsto para este último trimestre de 2014, y en el último trimestre de 2015 lo hará Aznalcóllar.

En conjunto, Señorías, en apenas doce meses de mandato se han movilizado 900 millones de euros para favorecer la creación de empleo en Andalucía. Hechos, Señorías, y no sólo palabras.

Pues bien, les anuncio que vamos a poner en marcha tres nuevos planes para el fomento del empleo y la actividad productiva.

Un II Plan para la Construcción Sostenible, que dé continuidad a la primera fase del mismo, que como saben ha sido muy bien acogido por el sector.

Un plan para el fomento de empleo indefinido. Se trata, Señorías, de ayudar y dar apoyo a las empresas para que les resulte más fácil ofrecer a sus trabajadores empleos estables y de calidad, como con toda justicia están reclamando las organizaciones sindicales. No podemos olvidar que hay muchos ciudadanos que tienen un empleo y aun así, es de tan baja calidad, que siguen estando en el umbral de la pobreza. Hay muchos y mujeres con un empleo y dificultades para llegar a fin de mes. Son pobres con empleo o pobres con salario.

Y un plan de retorno del talento, consistente en incentivos para la contratación de investigadores andaluces que en la actualidad se encuentren trabajando en el extranjero vinculados a tareas de I+D+i y el establecimiento de medidas sociales complementarias que faciliten su regreso a nuestra Comunidad autónoma. Es nuestro talento y debe estar en Andalucía.

También vamos a continuar con nuestra apuesta por la rehabilitación, extendiéndola más allá de las viviendas hacia espacios públicos y áreas urbanas degradadas, dentro de un concepto más sostenible de ciudad y de territorio.

Igualmente, y tal como me comprometí, el Gobierno ha aprobado el decreto ley de medidas de reducción de trabas administrativas para las empresas.

También, y de acuerdo con el grupo de trabajo constituido en esta Cámara, estamos avanzando en la constitución del ente público de crédito de Andalucía. Con estas medidas, afrontamos dos de los principales problemas que encuentran nuestras empresas: las dificultades para obtener crédito en el mercado y el exceso de trabas burocráticas para la inversión en Andalucía.

Avanzamos, pues, en una hoja de ruta sostenida y coherente que busca robustecer el modelo productivo andaluz, orientándolo además hacia nuevos horizontes, de mayor competitividad, presencia en una economía fuertemente globalizada y que sea capaz de generar las condiciones para la creación de empleo estable y de calidad.

Al tiempo, y para complementar este esfuerzo, estamos ultimando la ley que garantizará un mayor control de los beneficios públicos y del fraude fiscal.

Los objetivos de esta norma son garantizar el acceso a las ayudas públicas de las personas que realmente lo necesiten, frente a otras con mayores recursos económicos, y que por tanto no deben ser los beneficiarios, e intensificar la lucha contra las irregularidades tributarias.

Señorías, buena parte de los esfuerzos del Gobierno andaluz en este último año se han centrado en blindar el Estado del Bienestar y garantizando que, en Andalucía, los derechos sociales no se recortan, se ejercen, repartiendo los costes de la crisis de forma más justa y equilibrada.

Manteniendo todas las prestaciones y toda la cartera de servicios de nuestra educación y nuestra sanidad, y liderando en España los servicios de atención a la Dependencia.

En sanidad, se han mantenido y aumentado los derechos específicos de los ciudadanos andaluces en condiciones de universalidad.

Ahora puedo anunciarles que el próximo 1 de octubre se pondrá en marcha el Plan de Mejora en las Áreas de Urgencias Hospitalarias. Con él, entre otros objetivos, se garantizará que todos los hospitales consigan un tiempo menor de 5 minutos entre que el paciente acude al hospital y se analiza la gravedad de la persona, y que en ningún caso un paciente pueda superar las 24 horas en el área de Observación.

Igualmente, les anuncio que antes de final de año se reanudarán las obras del Hospital de la Línea de la Concepción, y hace unos días ha quedado incorporado al sistema público el Hospital de San Carlos.

Tengo que hacerlo notar porque mientras donde gobiernan otros se cierran o privatizan hospitales, en Andalucía seguimos reforzando el sistema público, incorporando otros nuevos y que además estaban destinados al cierre. Claro que no somos iguales.

Señorías, en Andalucía estamos además comprometidos con la investigación biomédica. A la vanguardia de la investigación con terapias celulares y como ejemplo de compromiso, hemos iniciado con las personas enfermas de ELA el ensayo clínico para el tratamiento y la mejora de la calidad de vida de estos pacientes.

Desde el silencio de los laboratorios, aprovechando el enorme capital técnico que encierra la altísima cualificación de los profesionales sanitarios andaluces y nuestras infraestructuras de salud, Andalucía apuesta por la investigación para abrir una puerta a la esperanza a los enfermos y sus familias.

Señorías, todas esas medidas son el santo y seña de una política que pretende evitar que los costes de la crisis se descarguen sobre las familias, sobre las clases trabajadores y medias que conforman la inmensa mayoría de la sociedad andaluza.

Y lo estamos haciendo en gran medida sin apoyo, o incluso con numerosos obstáculos, como los que nos pone el Gobierno de España cuando nos obliga a ganar en los tribunales nuestro derecho a convocar subastas de fármacos que nos ayuden a reducir el coste de la factura de los medicamentos.

Sencillamente, nos resulta incomprensible que el Gobierno defienda los intereses de las grandes multinacionales de farmacia -a las que sólo pedimos un pequeño reequilibrio en sus abultados beneficios- en vez de apoyar un gasto más racional y eficiente por parte de la sanidad pública andaluza. Difícil de explicar, pero tal vez fácil de entender.

Señorías, me abochorna que haya quien intenta manipular las preocupaciones más íntimas de los ciudadanos sólo para sacar tajada política.

No puedo callármelo. Que se alarme a los enfermos y a sus familiares diciendo que los fármacos que prescriben los médicos andaluces no son de calidad por el sólo hecho de que hayan sido seleccionados mediante una subasta que abarata su coste para las arcas públicas es algo más que una falta de rigor y un olvido de que todos ellos están garantizados por la Agencia Española de Medicamentos.

Es, sobre todo, un síntoma de hasta dónde están dispuestos a llegar algunos, cuán endeble es su compromiso con Andalucía y cuán profundos son sus vínculos con multinacionales que ganan muchísimo dinero.

Dentro del ámbito de las políticas sociales, quisiera, Señorías, compartir con la Cámara algunas reflexiones sobre la situación de la Educación, que tan importante es para el futuro de nuestra comunidad.

En estos días, los niños y niñas andaluces vuelven a las clases y lo hacen en un momento en el que la educación pública se encuentra más amenazada que nunca por las políticas del Gobierno central.

Unas políticas que no sólo suponen los recortes más duros de nuestra historia democrática, sino que imponen una visión retrógrada y mercantilista, que promueven la desigualdad y favorecen descaradamente a la educación privada, como hace la Ley Wert.

Es imprescindible retomar el consenso en esta materia y por ello vuelvo a hacer un llamamiento al Gobierno para que aborde un Pacto por la Educación que garantice una educación pública de calidad y en igualdad.

Como saben, el Gobierno de la Junta tiene recurrida la LOMCE ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que su impacto negativo sobre las familias andaluzas sea el menor posible.

De esta forma, hemos desarrollado medidas de transición para paliar la precipitación y el desorden que ha impuesto la entrada en vigor de la Lomce, y asegurar así un inicio de curso tranquilo.

Por otra parte, vamos a continuar apoyando a las familias y estudiantes con menos recursos.

Gracias a estas medidas, las familias andaluzas se han ahorrado de media en torno a 2.000 euros por familia en el inicio del curso escolar 2013-2014.

Un millón de niños se ha beneficiado de la gratuidad de los libros de texto, 180.000 de las becas de comedor, y otros 100.000 de las de transporte. Derechos ejercidos, no recortados.

Porque la educación, como la cultura o el deporte, no son sólo un derecho de la ciudadanía, sino también una palanca imprescindible si queremos que nuestra sociedad se desarrolle en igualdad y progreso.

Con este objetivo el Gobierno de la Junta acaba de aprobar el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional, con la que vamos a estrechar los vínculos entre la formación, las necesidades del mercado laboral y el fomento del emprendimiento.

En el ámbito de la educación universitaria, vamos a continuar con el fraccionamiento del abono de las tasas de las matrículas y mientras persista la situación actual, continuaremos con la rebaja de precios en los créditos, tanto en las carreras como en los másteres, rebaja que este año ha sido, como saben, del 5 y del 15%, respectivamente.

En este punto, y como procuro hacer siempre, quiero transmitir mi reconocimiento a los empleados públicos en Andalucía. Han hecho un esfuerzo ingente y gracias e ellos se ha podido mantener en condiciones de calidad el Estado del Bienestar.

Por eso, por el esfuerzo ingente que han hecho, me comprometí en mi investidura a que trabajaría intensamente para que recuperaran lo antes posible lo que la crisis les quitó. Pues bien, dicho y hecho, pues ya conocen sus Señorías que los empleados públicos en Andalucía recuperarán íntegramente sus pagas extras a partir del próximo ejercicio de 2015.

Igualmente, les anuncio que durante el próximo año 2015, los 8.000 sanitarios públicos andaluces van a recuperar su jornada laboral y sus salarios íntegramente, reducidos al 75% por imposición del Gobierno de España.

Antes de final de año, además, van a concluir los trabajos del grupo de expertos para la reforma del sector público instrumental, tal como me comprometí en mi discurso de investidura.

Cumplo también mi compromiso con la Mesa del Tercer Sector al anunciarles que a partir del próximo año vamos a incorporar las llamadas cláusulas sociales a los pliegos de valoración pública.

El objetivo de esta medida es garantizar que en los criterios de adjudicación se valore no sólo el aspecto económico sino la mejora de los aspectos sociales, medioambientales o de comercio justo, favoreciendo de esta manera la creación de empleo en sectores más desfavorecidos e impulsando a las empresas de economía social.

Soy plenamente consciente de que se han producido retrasos en los pagos relacionados con la Dependencia, por eso me comprometo aquí a establecer un calendario de pagos con un plazo medio de 60 días y máximo de 90 con las empresas del Tercer Sector que prestan servicios de dependencia.

Antes de fin de año enviaremos además al Parlamento la Ley de Mecenazgo, que aportará nuevas oportunidades y vías de financiación al sector cultural, tan castigado en esta crisis, y estamos ultimando la Ley del Cine en colaboración con el sector audiovisual.

En relación a las artes escénicas, y con el objetivo de impulsar el enorme potencial del teatro en Andalucía, también vamos a proceder a la revisión y actualización de los incentivos en estrecha colaboración con las asociaciones del sector.

Igualmente, ya se ha remitido a esta Cámara la Ley del Deporte, con el objetivo de que pueda concluir su tramitación el próximo año.

Señorías, este esfuerzo de modernización e impulso a la economía y el empleo, compatible con la defensa del Estado del Bienestar, también tiene que ser compatible con una política de protección del medio ambiente.

De un lado, poniendo pie en pared ante fenómenos especulativos como los que se han intentado en la playa del Algarrobico o en la finca la Almoraima, y de otro, a través de un modelo que permita un desarrollo auténticamente sostenible, que potencie el empleo y no ponga en peligro el formidable patrimonio natural que tiene Andalucía.

En relación con la Almoraima, ya tuve oportunidad de expresarme ante esta Cámara: no vamos a amparar ninguna operación de corte especulativo, por poderosos que sean los intereses en juego, ni por influyentes que se crean sus valedores.

Con el Algarrobico, la misma claridad: la voluntad del Gobierno es acometer su demolición en cuanto lo permita la legalidad, garantista siempre, pero contradictoria a veces como ha sucedido en este caso. Prueba de esa voluntad es el ejercicio del derecho de retracto decidido por la Junta de Andalucía. La demolición del Algarrobico tardará lo que tenga que tardar, pero sencillamente, no tiene vuelta atrás.

Señorías, claro que es posible crear empleo mejorando el medio ambiente en vez de destruyéndolo, pues en modo alguno es incompatible el compromiso medioambiental con el compromiso social y laboral.

Fruto de ese compromiso será el Plan de Inversión para la comarca del Levante almeriense, que me comprometo a presentar en Almería antes de que concluya este año.

La lucha contra el cambio climático tampoco permite ni dudas ni demoras. Por eso el Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará la próxima semana el proyecto de Ley de Cambio Climático, que promoverá el desarrollo de un sistema productivo con menos emisiones de carbono y el aprovechamiento de nuestros bosques como pulmones naturales.

La próxima semana, igualmente remitiremos a esta Cámara el proyecto de Ley de Juventud.

Señorías, vamos a dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la Administración no puede dar la espalda. Saben ustedes que existe un importante número de edificaciones construidas, la mayoría hace ya mucho tiempo y en suelo no urbanizable, y para las que ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística.

No podemos, en modo alguno, dejar que permanezcan en un limbo de inseguridad jurídica, de manera que mi Gobierno va a proponer a la Cámara una modificación normativa del artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que posibilite la regularización de miles y miles de viviendas en Andalucía.

En el ámbito de la Justicia, no puedo dejar de referirme a la penosa situación de la violencia de género. La Junta de Andalucía no va a bajar la guardia, ni por un minuto, en este asunto, pese las dificultades económicas.

En Andalucía, contamos con el Servicio de Asistencia a Víctimas, que atendió durante el año pasado a más de 10.000 personas, y estamos desarrollando protocolos que nos permitan dar un trato personalizado a cada caso.

Pero el gran reto, y en eso estamos trabajando desde el Gobierno andaluz, es desarrollar una política de concentración de los recursos para la atención, asistencia y protección de las mujeres y de sus hijos víctimas de la violencia machista, para que sea más rápida y también más sensible.

Pero Señorías, tengo que ser clara: por duro que resulte, la verdad es que el repunte de la violencia de género no puede contemplarse sin tener en cuenta la reducción de medios y presupuestos destinados a combatirla. Y la verdad es que desde que gobierna el Partido Popular en España, los recursos destinados a la violencia machista han descendido un 31%.

Y los responsables de esa drástica reducción tienen nombres y apellidos.

En lo que respecta a la inmigración, en este mismo mes de septiembre hemos aprobado el III Plan Andaluz para la Inmigración, que reforzará la coordinación en esta materia.

Frente a quienes defienden una política de alambradas, o la militarización del Mediterráneo, y cierran los ojos ante el sufrimiento de los más débiles, en Andalucía apostamos por una inmigración ordenada, por políticas de cooperación con los países de origen y por la integración de los inmigrantes, para que puedan vivir una vida digna y para que contribuyan al desarrollo de nuestra tierra.

En este ámbito de cooperación, hay que inscribir, igualmente, mi reciente visita oficial a Marruecos.

Señorías, la relación con el país vecino es muy importante para Andalucía. Lo es, sin duda, por la cuestión migratoria y creo que no es necesario extenderme sobre el enorme drama que se vive en nuestras costas y que este verano ha tenido su máxima expresión con la llegada de cientos y cientos de personas en una sola jornada.

Pero lo es también para nuestras empresas y profesionales, que cuentan allí con un mercado de primer orden. Lo es, huelga decirlo, para nuestro sector pesquero, que afortunadamente estos días ya está en los caladeros.

Y no he entendido, creo que nadie puede hacerlo, la enorme ceguera y falta de criterio estratégico de la que ha hecho gala la oposición con motivo de esta visita. Creo que algunos han hecho un flaco favor a Andalucía con esa actitud. Y además de un flaco favor, creo que han hecho un soberano ridículo.

A lo largo de esta intervención, he tenido ocasión de explicar la actuación del Gobierno que formé tras mi investidura de hace un año. Es el año del comienzo del cambio que Andalucía necesitaba y que los andaluces venían reclamando.

Hemos comenzado este proceso de cambios en un contexto especialmente difícil: en medio de una crisis económica que dista mucho de haber finalizado y que tiene consecuencias sociales verdaderamente terribles.

Un país, España, sobre el que se ciernen amenazas muy serias para la cohesión social y aún territorial, como hemos tenido ocasión de volver a comprobar hace sólo unos días con la celebración de la Diada de Cataluña; y con un descrédito palpable de la política y del conjunto de las instituciones democráticas.

Hemos cambiado muchas cosas en sólo un año.

Pero si algo no ha cambiado en Andalucía ni en este año ni en los anteriores ha sido la actitud de la derecha hacia nuestra tierra, que sigue con la misma política de hace décadas: la del desprecio, la del agravio, la de la falta de compromiso con la defensa de los intereses de Andalucía.

Y recorte sobre recorte, parece como si se pretendiera ahogar a nuestra tierra, a nuestra gente. Si España va tan bien, si son tan vigorosas las raíces, ¿cómo es que el Gobierno de España se empeña en tratar a Andalucía cada vez peor?

Parece mentira que desde el Gobierno de España nadie valore el aporte de equilibrio que hacemos a la unidad de este país.

Y eso es inadmisible. Es inadmisible y además intolerable que, por razones partidistas, se castigue a toda una comunidad. Es inadmisible e intolerable que, por motivos políticos, se castigue a todo un pueblo como el andaluz. Y yo tengo la obligación de oponerme a esa manera de hacer las cosas y de denunciarla ante los ciudadanos y ante sus representantes.

A lo largo de este año, y en mi propio discurso de investidura, he ofrecido en reiteradas ocasiones al PP de Andalucía un paquete de acuerdos sobre temas que, sin duda, son del interés general para nuestra tierra.

Esto sitúa Andalucía ante un problema político de envergadura: y es que el partido que colabora de forma activa con la agresión permanente a nuestra tierra, el que se niega a cualquier acuerdo, el que jamás se pone del lado de Andalucía es, en estos momentos, y desde las pasadas elecciones de 2012, la minoría mayoritaria de esta Cámara.

Yo no me quiero encontrar en una situación en la que, por falta de posibilidades de desarrollar en su integridad el programa de acuerdo de Gobierno, nuestra acción se pueda distanciar de las expectativas de cambio y mejora de la inmensa mayoría de la sociedad andaluza, que anhela nuevos horizontes de progreso.

Porque la verdad es que los andaluces están pagando un coste muy alto por el empecinamiento del Gobierno de España en mantener políticas que no sólo son equivocadas sino que, además, constituyen una ofensa permanente a nuestra autonomía, a nuestro estado del bienestar y, en definitiva, a nuestros conciudadanos. Y a eso no hay derecho.

Señorías, ya me van conociendo. Yo no he venido aquí para contemporizar ni para aferrarme a un cargo, por honroso que éste sea, sino para servir a Andalucía.

Desde hace un año, mi propósito ha sido cambiar las cosas que no funcionan. Para profundizar en el avance innegable de nuestra tierra y para rectificar los errores que se hayan podido cometer. Yo quiero propiciar un cambio que sea, al mismo tiempo, profundo y duradero. Sé al puerto al que quiero llevar a Andalucía.

Y ese gran objetivo, en una democracia parlamentaria como la nuestra, requiere unas bases muy sólidas, a las que desde luego no contribuye, en nada, el grupo mayoritario de esta Cámara.

Creo que los ciudadanos ya me conocen y saben que siempre doy la cara. No rehúyo los desafíos y ofrezco diálogo para acometer entre todos los problemas urgentes de Andalucía.

Estoy tomando las decisiones que sean más beneficiosas para mi tierra y para su gente. Eso es lo que he intentado hacer en estos meses y lo que seguiré haciendo mientras cuente con la confianza de esta Cámara.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios