Detenidos tres empresarios, uno de ellos en Málaga, por explotar a inmigrantes ilegales

La Policía de Cádiz ha detenido a tres empresarios que empleaban a trabajadores extranjeros a cambio de conseguir un permiso de residencia y a los que obligaban a trabajar siete días a la semana a cambio de morada y alimentación y sin ninguna retribución.

Según especifica la Policía Nacional a través de un comunicado, uno de los empresarios se encuentra imputado por la comisión de diez delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecer la inmigración ilegal.

Los otros dos han sido detenidos por su presunta participación en la comisión de los delitos de falsedad documental y delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, han sido detenidos 12 ciudadanos extranjeros, procedentes de Pakistán, que carecían del permiso de residencia en España y que por trabajar en los negocios de los empresarios, siete días a la semana, sólo recibían morada y alimentación.

Los empleadores no retribuían salario con el pretexto de cubrir la deuda por haberlos introducirlos ilegalmente en España y conseguirles el permiso de residencia que les autorizaría a permanecer en España de forma legal.

Los empresarios eran instruidos por las mafias para aprovechar las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, para lo cual, los inmigrantes necesitarían, entre otros documentos, un contrato de trabajo y documentos que acrediten su arraigo en España y su permanencia durante al menos tres años.

La investigación, que ha durado cinco meses, ha contado con la colaboración de los grupos de Extranjería de siete localidades de la provincia de Cádiz donde los empresarios empleaban a ciudadanos extranjeros que no contaban con permisos de residencia en España.

Los empresarios fueron localizados y detenidos en Alicante, Málaga y Barbate (Cádiz).

Dos de los empresarios detenidos llegaron a entregar en las instituciones públicas falsos contratos de trabajo a nombre de los inmigrantes además de documentos falsificados como certificados de penales expedidos por el país de origen y certificado de empadronamiento del lugar donde actualmente residen.