Fernández, Guerrero y demás altos cargos se niegan a declarar ante la jueza Alaya

En un auto firmado ayer por la mañana en el que rechaza la petición de la Fiscalía anticorrupción de suspender las declaraciones, la magistrada informa de la petición de Braulio Medel de posponer su declaración «por motivos personales». Alaya incluso menciona que esta petición, a la que atiende aplazando la declaración dos semanas, ha sido solicitada mediante un escrito del propio Medel. Su abogado, Carlos Aguilar, alegó que tiene un juicio el mismo día.

Seguirá investigando

La magistrada reitera en esta comunicación que su investigación está en la «recta final» para negar la división del sumario como le pide el ministerio público y elevar la parte del «procedimiento específico» al Tribunal Supremo.

Los fiscales entienden «ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero».

El ministerio público se refiere a los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, todos diputados y por tanto solo puede investigarles el Supremo en el caso de Viera o el TSJA en el del resto. A todos ellos señala Alaya, obviando su acusación, en el auto referido.

La jueza insistía ayer en la importancia de «mantener la continencia» de la causa y se remite a las razones esgrimidas en su auto del día 13. En este subrayaba que uno de los objetivos de los interrogatorios a los nuevos imputados era «determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad» de los aforados.

La jueza, no obstante, no ha obtenido mucho material de estos interrogatorios. Todos los cargos citados que comparecieron se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. Así lo hicieron el exconsejero de Empleo Antonio Fernádez, su viceconsejero Agustín Barberá, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero y el exdirector general del IFA Miguel Ángel Serrano. No acudió el también exdirector general de la agencia Francisco Mencía, que excusó su ausencia por enfermedad y a la que la jueza ha vuelto a citar para el miércoles.

Alaya parecía tener especial interés en los interrogatorios a Serrano y Mencía, ya que sus declaraciones como testigos ante la Guardia Civil hace un año son la base sobre la que la magistrada asienta las acusaciones a los integrantes de los consejos rectores del IFA. La instructora esgrime que incurrieron en delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad documental por «la inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones». Los hace conocedores de que la agencia falseó su presupuesto para poder pagar las ayudas.

Serrano, al que el fiscal solicita una fianza civil de 26 millones de euros, se negó a ratificar su declaración ante la Guardia Civil. Aludió que esta no recoge en sus once folios todo lo que habló durante casi cinco horas a los agentes, «conteniendo estos folios frases fuera de contexto» de lo que realmente dijo.