Sevilla, 17 jul (EFE).- El abogado del exconsejero Ángel Ojeda se ha quejado a la juez que investiga los cursos que sus empresas impartieron tras la crisis de Delphi de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está haciendo indagaciones a "espaldas" de los investigados y sin informar a las partes.

En un escrito remitido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, el abogado Juan Carlos Alférez le pide a la juez María Núñez Bolaños que ordene a la Policía Judicial que "remita a la causa las actas de todas y cada una de las declaraciones testificales que se hayan practicado hasta la fecha a espaldas de los investigados y de sus letrados defensores".

El abogado de Ojeda, que fue consejero de Hacienda en Andalucía en 1987, recuerda que esta cuestión ya se planteó con la UCO en la causa de los ERE, que instruye el mismo juzgado.

Esa petición la resolvió en 2014 la Audiencia de Sevilla, que le dio la razón porque la UCO tomó declaraciones a testigos y partes sin informar a la juez cuando, además, no se había decretado el secreto de las diligencias, lo que podía "conculcar el derecho de defensa de los imputados".

En su escrito, el defensor de Ojeda afirma que ha tenido noticias, por terceros, de que la UCO estaría tomando declaraciones a alumnos y profesores de cursos ajenos al denominado dispositivo Delphi y se podría estar haciendo "una investigación general y prospectiva sin mandato judicial a espaldas del investigado".

Tras recordar que la Policía Judicial no puede tardar más de 24 en informar al juez y al fiscal de sus actuaciones, el abogado solicita que se les remitan las declaraciones testificales ya practicadas, porque ha transcurrido "un dilatado espacio temporal" desde el auto en el que se le encargó el auxilio judicial.

El abogado considera "urgente" que se atienda su petición porque la UCO podría estar tomando declaraciones testificales "extramuros del proceso, sin contradicción, interdicción ni control de la autoridad judicial a cuyo cargo está la investigación criminal".

El fiscal anticorrupción encargado del caso, Fernando Soto, ha rechazado la petición del abogado por considerarla "vaga, amplia" y además parte de una fuente "desconocida o indirecta", y recuerda que en un atestado entregado el 1 de marzo de 2017 se analizan, entre otras cuestiones, declaraciones de alumnos y docentes.

La juez Núñez, por su parte, ha ordenado librar un oficio a la UCO para que informe de las diligencias practicadas.

En esta pieza de los cursos, junto a Ojeda, están imputados los exconsejeros andaluces Manuel Recio y Antonio Fernández, uno de los principales acusados en el caso ERE.

En la concesión de esos fondos se habrían producido irregularidades por parte de Recio tanto en su gestión como en su justificación, según la Fiscalía, que descartó pedir la imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en esta pieza.

En la pieza sobre al entramado empresarial de Ojeda se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido, con cargo al programa 32D y dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, 33,3 millones de euros.

Existen indicios de que buena parte de los fondos percibidos por Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, afirma la instructora.