Diario Sur

Sevilla, 17 jul (EFE).- La Junta de Andalucía se ha mostrado satisfecha ante el anuncio del Gobierno central de estudiar en 2018 la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público.

El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, al término de la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidente, ha trasladado la intención de introducir una modificación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que permita implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha celebrado el anuncio del Gobierno central porque "permitirá al Gobierno Andaluz continuar con su hoja de ruta", según ha declarado en un comunicado.

La responsable de Administración Pública de la Junta ha señalado que tras este anuncio "no tiene sentido" la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central contra la Junta, ya que "alteraría la planificación de los servicios públicos", ha añadido.

Montero, ha explicado que sería "poco lógico" aplicar la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas, ya existente en el sector público andaluz, "para aprobarla tres meses más tarde en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado".

Ha asegurado que la Consejería de Hacienda y Administración Pública está "abierta al diálogo" con el Gobierno central, aunque ha matizado que la única manera de que ese diálogo se produzca es "no solicitar la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha declarado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le ha trasladado su voluntad de evitar la conflictividad en torno al asunto de la jornada de 35 horas semanales.

Al término de la reunión del comité preparatorio de impulso y seguimiento de la Conferencia de Presidentes, Jiménez Barrios ha resaltado que una medida que daría "credibilidad" a esa intención del gobierno sería "no elevar el recurso de suspensión cautelar al Constitucional" para que el sector púbico andaluz continúe con su jornada actual.