Diario Sur

(Actualiza la SV1098 con más declaraciones del consejero)

Sevilla, 17 jul (EFE).- El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha defendido hoy que el informe CSIC es oficial y pide la paralización del proyecto de gas en el entorno de Doñana, por lo que la Junta se basará en él y en la recomendación del Defensor del Pueblo para hacerle esa reclamación al Ejecutivo central.

Fiscal ha señalado, en un vídeo publicado por su Consejería en Twitter, que se trata de un informe oficial emitido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el 15 de mayo y remitido al Defensor del Pueblo para que lo incluyera en el escrito que esta institución iba a enviar a la Consejería de Medio Ambiente.

Por este asunto, el PP andaluz ha reclamado hoy a la presidenta, Susana Díaz, que cese a Fiscal por "basarse en una mentira", ya que el diario ABC ha publicado que el CSIC rechaza que el informe en represente la posición de la institución.

En respuesta a esa reclamación, en un audio facilitado por la Consejería, Fiscal considera que eso obedece "nada más que a la desesperación del PP" porque se ha quedado "solo" en la defensa del proyecto del gas natural en Doñana.

"Su desesperación le lleva a utilizar malas artes en la política", ha dicho Fiscal, quien ve "absurdo" discutir sobre la validez del informe, con folios oficiales y firmado.

Fiscal ha leído en el vídeo de Twitter una parte del informe en la que se señala que "debido a que los cuatro proyectos actúan sobre el mismo acuífero y sistema de placas y fallas" consideran que el riesgo sísmico es suficiente para, "aplicando el principio de precaución", detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto "sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar".

"Es un informe oficial del CSIC que pide la paralización del proyecto de gas en el entorno de Doñana", ha dicho Fiscal, quien ha indicado que, como anunciaron la semana pasada, la Junta se va a basar en él y en la recomendación del Defensor del Pueblo para pedir al Gobierno que pare el proyecto.

Ha añadido que si no lo hace lo tendrán como "herramienta" para ir a los tribunales a presentar un contencioso-administrativo, para que sean ellos los que paralicen el proyecto , "que de hecho ahora mismo no tiene actividad".