Sevilla, 19 jun (EFE).- La Fiscalía de Sevilla pide diez años de prisión para tres ex directores generales de Empleo de la Junta de Andalucía por firmar contratos fantasma con la empresa Umax, que creó una red paralela a la Consejería, formada por 44 empleados, y por pagar indebidamente 2,5 millones de euros.

Los tres ex directores generales son Francisco Javier Guerrero, a cuyo círculo familiar y de amistad pertenecían los contratados, Juan Márquez y Daniel Rivera, a los que la Fiscalía acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

Además de los diez años de cárcel, la Fiscalía pide que los tres sean inhabilitados durante 32 años y les solicita una multa 13.500 euros, según recoge el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe y en el que se cifra en 2,5 millones de euros las cantidades indebidamente pagadas entre 2003 y 2010.

Junto a los tres ex directores generales, la Fiscalía acusa a dos ex secretarios generales técnicos de la Consejería, Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina Varo, para los que pide las mismas penas que a sus superiores.

El Ministerio Público también acusa al administrador de la empresa Umax Informática y Consultoría, Ulpiano Cuadrado, para el que pide 8 años y medio de cárcel y una multa de 7.500 euros y cuya reclamación por el impago de 1,5 millones de euros que hizo ante la Junta de Andalucía generó este procedimiento judicial.

Todos los acusados, señala la Fiscalía, se pusieron de acuerdo para facilitar la contratación de Umax a sabiendas de que no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación.

A partir de 2003, se creó una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la dirección general de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían los requisitos, señala la Fiscalía.

Los pagos de este tipo de contratación se hicieron acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o con expedientes de contratación menor, en la que se giraban una serie de facturas por parte de Umax que correspondían a servicios inexistente, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados, concluye la Fiscalía.

Ante la imposibilidad de continuar pagando los salarios, la empresa despidió a los trabajadores, que fueron integrados inmediatamente en la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y el Empleo (FAFFE) y algunos pasaron en 2011 al Servicio Andaluz de Empleo, donde siguen trabajando, según el auto de procesamiento dictado por el juzgado de instrucción 10 de Sevilla.

La retribución a la empresa se cifraba en el coste de los sueldos de sus trabajadores, que prestaban sus servicios en exclusiva para la Dirección General de Empleo, más un porcentaje nunca inferior al 20 %, señala el auto de procesamiento y recoge la Fiscalía.

En 2012, la secretaría general técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo desestimó pagar el dinero que reclamaba Umax porque la adjudicación del contrato por el que prestó los servicios se hizo "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", explicaba la juez.

La Junta denunció lo ocurrido con esta empresa ante la juez que empezó la investigación de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, que remitió el caso a reparto y recayó en el juzgado número 10.