Diario Sur

Sevilla, 20 mar (EFE).- Cuatro ex altos cargos andaluces procesados en el caso ERE han pedido que se rechace la recusación presentada por el PP y Manos Limpias contra el juez Pedro Izquierdo, que fue un directivo de la Junta de Andalucía y ha sido elegido como ponente en la pieza política de la causa.

La oposición a esta recusación ha sido presentada, hasta el momento, por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, un exinterventor general y un ex director general de Idea, la empresa pública que pagaba las ayudas investigadas en el caso ERE.

El exconsejero Antonio Fernández, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, considera que la recusación de Manos Limpias al juez Izquierdo, secretario general de Justicia entre el 2008 y el 2014, es "oportunista" y tiene una "intención desestabilizadora" en el proceso.

También asegura el abogado de Fernández que "la anterior pertenencia a un cargo público o político por parte del juez encargado de resolver un asunto concreto no conlleva falta de imparcialidad siempre que la materia litigosa no guarde relación con dicho cargo".

Tras recordar que el poder para recusar de Manos Limpias lo firmó su secretario general, Miguel Bernard, que estuvo preso en una investigación en curso por posible coacción, el exconsejero andaluz considera que si se recusa al juez por los ERE, también se tendría que haber recusado por intervenir en recursos de otros casos que afectan a dirigentes políticos, como los cursos de formación.

El abogado de Fernández lamenta que se están fomentando dudas "artificiosamente" respecto a Izquierdo, "gratuitamente tildado como falto de imparcialidad", para crear "un clima" que permita "apartar a un juez capciosamente entendido como incómodo, y no importa su intachable trayectoria".

Manos Limpias recusó a Izquierdo por "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes" y por "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa", y el PP lo hizo por este último motivo y por "la pérdida de apariencia de imparcialidad".

El exconsejero Fernández también critica la "alarmante situación" creada en este caso y recuerda que la "garantía de objetividad" en la elección del juez ponente se "extremó" con "excepcionales" sorteos públicos entre las tres secciones penales con opción a celebrar el juicio, cuya fecha aún no se ha decidido.

En otro escrito, la exconsejera Martínez Aguayo subraya que el mero nombramiento como alto cargo de Izquierdo "no revela por sí mismo ninguna relación de amistad con algunos acusado", y considera "totalmente injustificadas" las dudas al respecto.

Aguayo indica que en la recusación no se dicen las ventajas o perjuicios de la designación del juez, "ni siquiera si se llegara a considerar la posibilidad de una afinidad ideológica, dado que en el presente proceso no se está enjuiciando la conducta de ningún partido político".

Otro de los escritos de oposición a la recusación señala que Izquierdo se dedicó a labores meramente técnicas y alejadas de funciones políticas, y agrega que no se relata ninguna referencia a amistad o interés directo o indirecto del juez en la causa.

En esta pieza política de los ERE están procesados 25 ex altos cargos andaluces, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.