Diario Sur

Sevilla, 2 dic (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha reprochado a los representantes del PP que "vuelven a enmarañar" con la pieza política de los cursos de formación, archivada por el juzgado al no apreciar delito, "con la excusa de no tener las copias de las grabaciones" de los interventores que declararon como testigos.

Anticorrupción critica que el PP, que ejerce la acusación particular, utiliza la "traída y llevada cuestión de la entrega de las copias de declaraciones", incluso en los medios de comunicación, "con la finalidad de confundir siempre los trámites procesales y el fondo del asunto".

"Realmente no se les ha denegado copias de grabación, ocurre que las que tienen dicen ser incompletas, extremo que no ha podido comprobarse porque se negaron en reiteradas ocasiones a la entrega a la secretaria judicial para cotejo", resume la Fiscalía la actitud del PP en un escrito entregado al juzgado, al que ha tenido acceso Efe.

En su reproche, Anticorrupción destaca que no "alcanza entender la importancia de tales declaraciones", y recuerda que cuando declararon como testigos, la representación del PP no solía hacer uso del derecho a someter a "contradicción" a los interventores, "siendo muy escasas las preguntas que les formulaban".

Además, la Fiscalía considera que las declaraciones de los interventores sobre sus informes especiales entre 2009 y 2012 "eran tendentes al sobreseimiento", lo que acordó la juez María Núñez el 11 de octubre pasado tras la petición de Anticorrupción, que descartó la red clientelar sostenida por la juez que abrió el caso, Mercedes Alaya.

También se refiere la Fiscalía a la "sorprendente" petición del PP de que la titular del juzgado se abstenga en este caso, cuando no consta que hayan presentado una recusación contra ella.

El PP, en un recurso de reforma, mantiene que la juez debe hacerlo "hasta que se resuelva la recusación promovida por esta parte".

La Fiscalía, sin embargo, señala que, "ciertamente, se interpuso un escrito confuso de 'recusación administrativa', así se llamaba, para lo que, según se alegaba, era la entrega de las copias de las grabaciones", un escrito que fue desestimado por el Consejo General del Poder Judicial, recuerda el Ministerio Público.

Por ello, Anticorrupción concluye que, los representantes del PP, "de nuevo vuelven a enmarañar la cuestión con la petición de nuevo plazo para recurrir, y ahora con la excusa de no tener copias de las grabaciones, trayendo de nuevo a colación una recusación fuera de toda regulación legal".

Esta iniciativa judicial "se utiliza de nuevo de manera artera para mantener vivo un procedimiento sin entrar en el fondo del asunto", según la opinión de la Fiscalía, que admite el hecho de que se le conceda al PP plazo para recurrir "en aras de agotar la tutela de la acusación" y aunque no exista la "indefensión" alegada.

Las afirmaciones de la Fiscalía se producen en contestación a un recurso del PP que pedía suspender el plazo para recurrir el auto de sobreseimiento de la causa, aplazamiento que finalmente rechaza la juez antes de anunciar que los representantes jurídicos de la formación política recogieron las grabaciones el 9 de noviembre.

Tras la petición del PP de que la juez se abstuviera en la causa, la instructora afirma que le plantearon "una especie de recusación parcial administrativa" respecto a una diligencia de ordenación y no sobre los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "única regulación" para tramitar una recusación en los autos.

En otro escrito, la magistrada se refiere al "posible fraude procesal" del PP en sus iniciativas judiciales sobre los cursos.

Las peticiones del PP también son criticadas por el exdelegado de Empleo en Córdoba y exalcalde de Pozoblanco, Antonio Fernández Ramírez, uno de los 24 representantes de la Junta que estuvieron imputados en esta causa y finalmente exculpados.

El exdelegado asegura que lo que pretende el PP es "instrumentalizar políticamente la justicia a su antojo y beneficio, sin considerar el perjuicio que causa a terceros", y añade que las declaraciones que piden son las mismas que las realizadas por los interventores en la comisión del Parlamento andaluz, disponibles en la web.