Diario Sur

Sevilla, 1 dic (EFE).- El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha asegurado hoy que en este momento no hay ningún procedimiento de paralización de la actividad en la mina de Aznalcóllar y que los trabajos se está desarrollando "con total normalidad y al ritmo previsto en la oferta ganadora".

En su intervención en comisión parlamentaria para informar sobre la situación de la adjudicación de la mina tras la reapertura de las diligencias judiciales por la Audiencia de Sevilla, el consejero ha dicho que la situación del desarrollo de trabajo es "de completa normalidad" y que se está certificando "el escrupuloso cumplimiento de los condicionantes y plazos impuestos a la adjudicataria".

Ha explicado que pone el auto de la Audiencia "en igualdad" al de la juez que archivó la causa y ha mantenido que el proceso de adjudicación fue "inmaculado", como ponían de relieve los informes técnico, jurídico y de intervención, ha añadido.

Sánchez Maldonado ha destacado que ayer se produjo "un hecho procesal importante" cuando la Fiscalía de Sevilla se opuso a la paralización de los trabajos, a lo que se une la petición de nulidad del auto de la Audiencia "de todas las partes inmersas".

El consejero ha pedido que se separe el proceso judicial de la "realidad actual" y ha resaltado que la reapertura de la mina, más allá de la lectura del procedimiento de adjudicación que realice la oposición, lleva "aparejada" la llegada a Andalucía "de otra gran empresa minera" y una repercusión económica "importantísima".

En ese sentido, ha subrayado que va a requerir una inversión superior a los 300 millones y que en este momento ya están trabajando casi 200 personas en la mina, con 22 empresas externas participando en la ejecución de tareas.

Sánchez Maldonado ha mostrado su "firme convencimiento" de que el concurso de adjudicación se realizó dentro de "la más absoluta legalidad, con la mayor rigurosidad", aplicando el procedimiento administrativo y respetando los derechos de los intervinientes.

Ha afirmado que lo que el Gobierno andaluz quiere es que la justicia determine "de la manera más rápida posible" para eliminar la "incertidumbre" en la población y en los fondos de inversión que acuden a Andalucía, así como en la sociedad y los pueblos cercanos.

El diputado del PP Jaime Raynaud ha señalado que el Gobierno andaluz y la Consejería de Empleo tiene que dar explicaciones a los ciudadanos sobre "qué pasa con este proceso" después de que "se vuelva a reabrir el procedimiento".

Ha cuestionado al consejero si pondría la mano en el fuego por este proceso y ha señalado que no se puede poner en duda la labor de funcionarios, de la intervención y del personal técnico, pero ha recordado que quien "pone en duda la legalidad" del procedimiento ha sido la Audiencia de Sevilla y no los partidos.

Raynaud ha preguntado al consejero "hasta dónde está dispuesto a llegar para exigir responsabilidades" y le ha pedido que no se "desvíe la atención", porque si se pone en riesgo algo no es por las críticas de la oposición sino por cómo se desarrolló el proceso de adjudicación para explotar la mina.

El diputado de Podemos Jesús Romero ha señalado que se trata de un "despropósito técnico, político, social e incluso jurídico" provocado por un anuncio antes de unas primarias del PSOE y de unas elecciones autonómicas, y por la "incapacidad" por presentar alternativas a un modelo económico "colonialista" en la cuenca minera andaluza, con empresas "que vienen de fuera".

Ha calificado como una "aberración técnica" decir que hay 35 millones de toneladas de materiales que contienen cobre, cinc y plomo en la mina, porque "puede que estén o puede que no estén", y ha asegurado que cuando se inició el proceso ya se sabía que en esa zona no había agua.

"Creemos que se estaba jugando con la necesidad de miles de familias del entorno", ha opinado romero, quien cree que la situación jurídica actual no deja "del todo claro" que se haya producido la adjudicación "con la máxima diligencia y respeto a la ley".

Por su parte, la socialista María Márquez ha resaltado que la decisión de la Audiencia "no afecta ni a la adjudicación, ni a la actividad ni al empleo" y ha lanzado un mensaje de "seguridad y tranquilidad", a la vez que ha reclamado a la oposición que deje de "generar falsos fantasmas en torno a Aznalcóllar".

Ha denunciado que estos partidos han llenado su discurso "con falsedades, contaminando un proceso y la creación de empleo en una zona tan necesitada" y ha tildado de "espectáculo político lamentable" que hayan querido "tatuar el nombre de Aznalcóllar con la palabra sospecha y corrupción".